La divulgación no autorizada de un video donde la exautoridad atribuía al ministro Fernando Rabat el criterio para otorgar beneficios a 56 condenados por delitos sexuales infantiles precipitó su salida. La remoción ocurre en forma paralela al inicio de una investigación penal de la Fiscalía por presunta prevaricación administrativa.
Una severa crisis institucional se desencadenó al interior del Ministerio de Justicia, culminando la tarde de este viernes con la remoción inmediata del subsecretario de la cartera, Luis Silva. La decisión fue adoptada desde el Palacio de La Moneda luego de que la exautoridad publicara en redes sociales un registro audiovisual en el que intentó justificar la firma de decretos que concedieron reducciones de condena a medio centenar de agresores sexuales de menores.
La pieza audiovisual, difundida sin el conocimiento ni la autorización previa del ministro Fernando Rabat, fue interpretada en el comité político como un intento unilateral de deslindar responsabilidades. En el video, Silva aseguraba haber actuado bajo las directrices expresas fijadas por el propio titular de la cartera durante los periodos en que le correspondió ejercer como ministro subrogante. Sus declaraciones profundizaron el quiebre interno en momentos en que el Ejecutivo enfrenta duros cuestionamientos públicos por las decisiones adoptadas en materia de beneficios penitenciarios.
Beneficios a condenados por abusos y violaciones
El origen del conflicto se remonta a una serie de reportajes periodísticos que sacaron a la luz la dictación de 56 decretos administrativos firmados entre marzo y septiembre de 2026. Dichas resoluciones permitieron acortar las penas de personas sentenciadas por delitos de alta gravedad —incluyendo abuso sexual y violación de niños, niñas y adolescentes—, posibilitando la salida anticipada de al menos 33 internos de distintos penales del país.
La controversia escaló al conocerse informes de Gendarmería de Chile que advertían explícitamente sobre el alto riesgo de reincidencia de varios beneficiados, así como la ausencia de procesos de reparación o reconocimiento de los delitos cometidos. A este escenario se sumó el descontento opositor por la inclusión de personas condenadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar entre los favorecidos con medidas de rebaja penal.
Fiscalía abre indagatoria por prevaricación
De manera simultánea a la remoción del subsecretario, el Ministerio Público ratificó la apertura de una causa penal que involucra tanto al saliente Silva como al ministro Fernando Rabat. La investigación, encabezada por el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, junto a la unidad especializada en anticorrupción, busca determinar la eventual existencia del delito de prevaricación administrativa tras una denuncia formal interpuesta por parlamentarios de oposición.
Mientras el Congreso evalúa eventuales acciones de fiscalización y responsabilidades políticas contra el ministro Rabat, la salida de Silva marca la primera caída de una alta autoridad en el gabinete a raíz de esta crisis.
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