Tras iniciar un paro indefinido en el puerto de San Antonio, dirigentes del gremio advierten sobre un posible «efecto dominó» a lo largo de todo el país. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones definirá en las próximas horas, mediante una consulta a sus bases, si convoca a una movilización general para la primera semana de noviembre.
Lo que comenzó como una protesta local en el principal terminal portuario de la Región de Valparaíso corre el riesgo de transformarse en un conflicto de escala nacional. Desde la noche del pasado miércoles, camioneros independientes mantienen bloqueado el movimiento de carga en el puerto de San Antonio, paralizando por completo la operativa de contenedores y encendiendo las alarmas en la cadena logística y de abastecimiento del país.
El trasfondo del conflicto radica en la estrechez financiera que enfrentan los pequeños empresarios del rubro. Según denuncian los manifestantes, los valores que se pagan por los fletes han quedado completamente desfasados frente al constante incremento en el precio del diésel. A esto se suma el incumplimiento en la actualización del Índice de Costos del Transporte (ICT) y del Indicador Diésel Especial por parte de las empresas intermediarias.
La figura del «transportista de maletín» en la mira
Las críticas del gremio apuntan directamente a la cadena de subcontratación. Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), su presidente Juan Araya graficó la precariedad del sector señalando que existen subcontratistas que ofrecen pagos de apenas $20.000 a $30.000 por servicio, cifras totalmente insuficientes para cubrir los costos operacionales mínimos.
En la misma línea, Sergio Pérez, titular de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC), enfatizó la necesidad de reestructurar el sistema comercial. Pérez cuestionó el rol de los llamados «transportistas de maletín» —intermediarios que no poseen flota ni realizan el traslado directo— y propuso establecer mecanismos que permitan a los camioneros negociar sin intermediaciones directamente con las empresas generadoras de carga.
Descontento con las medidas del Ejecutivo
La movilización se da a tan solo dos semanas de que el Ejecutivo presentara un plan de siete ejes para el sector, el cual incluyó garantías estatales de hasta un 95% para el acceso a créditos. No obstante, las dirigencias gremiales coinciden en que estas medidas no resuelven el problema de fondo: la regulación y ajuste de las tarifas de los fletes frente a las alzas acumuladas del combustible desde marzo.
Por el momento, dirigentes de San Antonio afirman haber agotado todas las instancias de diálogo antes de decretar el cierre de los accesos a la carga. Mientras tanto, en regiones productivas del norte y sur del país —como Los Ríos— se mantiene la expectativa ante las decisiones que adopte la dirigencia central, ya que un eventual llamado a paro nacional en los primeros días de noviembre impactaría de forma directa el transporte terrestre de mercancías a nivel global.
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