Por Nibaldo Ojeda
Los antecedentes que hoy conocemos sobre el Gobierno Regional de Los Ríos no pueden dejarnos indiferentes. Una auditoría mantiene bajo revisión 112 proyectos del Fondo Vida en Comunidad, por un posible perjuicio superior a $1.338 millones, y detectó decenas de cartas atribuidas a un funcionario de Carabineros que habría desconocido haber autorizado su firma y timbre.
Serán la Fiscalía y los tribunales quienes determinen si existieron delitos y quiénes son sus responsables. Sin embargo, políticamente ya existe una pregunta que el Gobierno Regional debe responder: ¿cómo fue posible que documentos prácticamente idénticos, correos repetidos, cotizaciones similares y nóminas duplicadas superaran sus controles?
Este nuevo escándalo no aparece en una región donde sobren los recursos. Ocurre en una región donde todavía existen familias esperando soluciones, sectores rurales que se sienten abandonados, organizaciones que golpean puertas buscando apoyo y comunidades que demandan mayor seguridad. Por eso duele tanto. Porque mientras a la gente se le responde que no hay presupuesto o que debe seguir esperando, aparecen más de mil millones de pesos vinculados a proyectos cuya correcta adjudicación hoy está siendo cuestionada.
Situaciones como esta solo profundizan la pésima percepción que parte importante de la ciudadanía tiene sobre el Gobierno Regional: una institución distante, burocrática y aparentemente incapaz de cuidar con suficiente rigurosidad los recursos que administra. Cada irregularidad conocida destruye un poco más la confianza de las personas y perjudica también a cientos de organizaciones honestas que sí trabajan por sus comunidades.
No basta con abrir investigaciones cuando el daño ya está hecho. Los recursos públicos necesitan protección antes de ser entregados.
Los Ríos requiere un Sistema Regional de Alerta Temprana y Trazabilidad que revise automáticamente cada postulación y detecte firmas, correos, proveedores, cotizaciones y beneficiarios repetidos. Si un proyecto presenta coincidencias sospechosas, debe quedar detenido y pasar por una revisión independiente. Además, la ciudadanía debe poder conocer, mediante un portal público, quién postuló, quién evaluó, qué proveedores fueron seleccionados, cuánto dinero se entregó y cómo fue rendido.
La tecnología existe. Lo que ha faltado es voluntad política, rigurosidad y una administración que comprenda que detrás de cada peso hay una necesidad humana.
Nuestra región no puede seguir perdiendo oportunidades por controles deficientes ni normalizando escándalos que terminan sin responsables. Si se acredita que existió perjuicio, se debe recuperar cada peso y sancionar a todos los involucrados, sin importar su cargo, cercanía o influencia.
Los recursos de Los Ríos pertenecen a su gente. No son una caja para operadores ni redes de intereses. La región necesita autoridades que anticipen los problemas, protejan el dinero público y, cuando algo grave ocurre, den la cara.
