El Juzgado de Letras y Garantía de la comuna acogió un recurso de reposición y ordenó al alcalde dictar el decreto de pago en una sola cuota antes del 1 de septiembre, bajo apercibimiento de arresto o multas.
Un complejo panorama financiero y judicial enfrenta la Ilustre Municipalidad de Río Bueno tras la reciente resolución emitida por el Juzgado de Letras y Garantía de la comuna. En el marco del juicio de arrendamiento caratulado «Machmar con I. Municipalidad de Río Bueno» (Causa Rol C-603-2024), el tribunal resolvió acoger un recurso de reposición que dejó sin efecto una citación previa a conciliación y ordenó dar curso a la ejecución de la sentencia firme y ejecutoriada.
El dictamen, firmado por el juez Diego Felipe Franco Fuentes con fecha 25 de agosto de 2026, mandató requerir al alcalde de la comuna para que, en un plazo improrrogable de cinco días hábiles desde su notificación —efectuada por cédula el pasado 26 de agosto—, dicte el decreto alcaldicio correspondiente para pagar la suma total de $432.598.635. La resolución advierte que, de no cumplirse lo ordenado, se aplicarán medidas de apremio en contra del jefe comunal de conformidad al artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.
Advertencia del concejal Ignacio Flores
Tras conocerse la resolución del tribunal, el concejal de Río Bueno, Ignacio Flores, abordó la gravedad de la situación financiera de la corporación edilicia. La autoridad remarcó que el monto fijado corresponde a un cobro definitivo e inapelable.
«Así como está de malo el tiempo, también están de malas y lluviosas las noticias en la Municipalidad de Río Bueno (…) Hay un juicio seguido en contra de la Municipalidad por el arriendo de la casa Machmar, deuda que ya tiene un monto final a pagar. Importante señalar que aquí ya no hay plazos ni acciones legales que interponer, por tanto es un monto cerrado y definitivo», explicó Flores.
El edil enfatizó que la exigencia judicial establece el desembolso en una sola cuota, cuyo plazo límite de vencimiento es el martes 1 de septiembre de 2026. Asimismo, confirmó que ante un incumplimiento la ley contempla arresto para el sostenedor/alcalde o multas que alcanzan hasta una Unidad Tributaria Mensual (UTM).
Respecto al impacto patrimonial, el concejal advirtió sobre la falta de liquidez municipal para afrontar este compromiso judicial sin comprometer las arcas locales.
«Lo que nos interesa saber es cómo se va a asumir esta deuda, de dónde se va a sacar el dinero y qué planes se van a seguir, porque según la información entregada por las propias oficinas encargadas de las finanzas, este dinero hoy en día no estaba considerado y tampoco hay ingresos suficientes como para poder cubrirlo sin causar un perjuicio importante al patrimonio municipal», concluyó la autoridad, anticipando que el tema será abordado en el Consejo Municipal.
