Durante la segunda jornada de formalización, el Ministerio Público requirió la máxima medida cautelar para el jefe comunal Luis Reyes y el empresario Héctor Meza. La defensa calificó la solicitud de desproporcionada, y el tribunal aplazó la decisión final para este miércoles.
La indagatoria por presuntas irregularidades y corrupción en la administración municipal sumó un nuevo hito este martes en el Juzgado de Garantía de Río Bueno, instancia en la cual la Fiscalía Adjunta de Valdivia solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde de la comuna, Luis Reyes Álvarez, junto con el empresario Héctor Orlanda Meza Hermosilla.
Durante la continuación de la audiencia de formalización, la fiscal adjunta a cargo expuso que la libertad de ambas figuras representa un peligro para la seguridad de la sociedad y resulta indispensable para evitar la obstaculización de las diligencias investigativas en curso. Asimismo, el organismo persecutor requirió arresto domiciliario nocturno y otras cautelares de baja intensidad para la imputada Gladys Roxana Mancilla.
Defensa califica la medida de «desproporcionada»
Por su parte, el abogado defensor del jefe comunal, Juan Enrique Urrutia, rechazó tajantemente los requerimientos de la fiscalía, calificando la petición de prisión preventiva como «absolutamente desproporcionada» y argumentando que los antecedentes expuestos hasta ahora no alcanzan el estándar procesal exigido. Tras escuchar a las partes, el tribunal fijó para este miércoles 21 de octubre a las 15:00 horas la resolución en torno a estas cautelares pendientes.
En paralelo, durante la misma sesión del martes, el magistrado decretó medidas cautelares para otros tres imputados cuyos representantes se allanaron a las peticiones del ente persecutor:
- Elizabeth Rosas Beroiza: Arresto domiciliario nocturno parcial, arraigo nacional y prohibición de comunicación con los demás coimputados.
- Alejandro Rosas Cárcamo: Firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de contacto.
- Rodrigo Maluenda Ramírez: Firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicación previa.
Montos investigados y querella del CDE
La causa, que se abrió formalmente el pasado lunes 19 de octubre, indaga hechos ocurridos entre 2017 y 2022 que involucran anomalías en licitaciones, contratos, estados de pago y condonaciones improcedentes de multas.
De acuerdo con los datos presentados por la fiscalía, el esquema ilícito contemplaría transferencias y depósitos a cuentas personales del alcalde Reyes que superan los $126 millones, cifra que engloba más de $36 millones en beneficios con remitente identificado y cerca de $90 millones en depósitos en efectivo de origen no precisado, sumando además la adjudicación directa de eventos como la Semana Río Buenina 2020 por $85 millones.
El proceso judicial —que cuenta con una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a través del abogado Daniel Medina— abarca a un total de siete personas, quedando pendiente la formalización de un séptimo involucrado (Juan Carlos Reyes Padilla) por motivos de salud. Una vez resueltas las cautelares este miércoles, se definirá el plazo oficial de investigación.
