El Juzgado de Garantía decretó la máxima medida cautelar solicitada por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. La defensa adelantó que evaluarán los plazos para presentar recursos de apelación ante la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Tras tres intensas jornadas de formalización de la investigación, el Juzgado de Garantía emitió su resolución respecto a la causa por corrupción que involucra a la administración municipal de Río Bueno. El tribunal accedió a las peticiones planteadas tanto por el Ministerio Público como por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), decretando la prisión preventiva para los principales imputados.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Medina, explicó que la intervención del organismo se fundamentó en «la gravedad de los hechos y particularmente por la investidura que tenía uno de los involucrados, el alcalde de esta comuna, y que se acreditaron todos los presupuestos de las actuaciones que él desplegó durante el periodo que ejerció como alcalde». Desde el CDE manifestaron conformidad con la resolución, la cual también alcanzó al empresario imputado en la causa.
Cuestionamientos y medidas para el resto de los coimputados
Por su parte, los demás coimputados quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad, tales como arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma periódica y prohibición de comunicación, resoluciones que se ajustan a los antecedentes presentados en las etapas previas del proceso.
En tanto, el equipo defensor del alcalde Luis Reyes el abogado Juan Enrique Urrutia cuestionó el fallo del tribunal, señalando que no se comparten los argumentos de la resolución judicial en lo relativo a la necesidad de cautela de la prisión preventiva. La defensa confirmó que disponen de un plazo legal de cinco días para evaluar la interposición de un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Asimismo, el abogado defensor indicó que se solicitarán diligencias adicionales para esclarecer los puntos controvertidos de la investigación durante los próximos meses que dure el proceso judicial.
La prisión preventiva decretada contra Luis Reyes constituye una medida cautelar y no una condena. El alcalde mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su responsabilidad penal.
