El 4° Tribunal de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el ex controlador de Azul Azul S.A., Michael Clark Varela, y los ex ejecutivos del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Larraín Mery y Sergio Yáñez Astete, tras acreditarse delitos financieros por más de US$ 180 millones.
Tribunal decreta prisión preventiva por megafraude financiero y triangulación de fondos
La magistrada Paulina Moya, titular del 4° Tribunal de Garantía de Santiago, dio por acreditada la participación de los imputados en los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
La resolución judicial se dio a conocer tras una extensa audiencia de formalización que abarcó 14 jornadas. Durante las sesiones, la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público de Chile expuso la existencia de una estructura defraudatoria destinada a la triangulación de recursos desde fondos de inversión para el financiamiento no regulado de sociedades relacionadas y operaciones patrimoniales privadas.
Medidas cautelares y desglose de los imputados en la causa
El tribunal justificó la imposición de la medida cautelar de máxima intensidad debido a que la libertad de los principales ejecutivos representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, el tribunal ponderó la existencia de un peligro para el éxito de la investigación, respaldado por antecedentes de la fiscalía que apuntan a eventuales maniobras de obstrucción e instrucciones para la destrucción de evidencias digitales.
- Michael Clark Varela (Ex controlador de Azul Azul S.A.): Prisión preventiva por su participación en la maniobra de triangulación de recursos e infracciones a la Ley de Mercado de Valores.
- Pedro Pablo Larraín Mery (Ex ejecutivo Grupo Sartor): Prisión preventiva en calidad de autor de delitos de administración desleal, lavado de activos y entrega de información falsa.
- Carlos Larraín Mery (Ex ejecutivo Grupo Sartor): Prisión preventiva como coautor de la estructura defraudatoria y operaciones incompatibles.
- Sergio Yáñez Astete (Ex ejecutivo Grupo Sartor): Prisión preventiva por delitos financieros reiterados y mecanismos de ocultamiento de patrimonio.
- Rodrigo Bustamante (Coimputado): Arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.
- Juan Carlos Jorquera (Coimputado): Arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.
Cronología del proceso judicial y fiscalizaciones de la CMF
El origen del caso se remonta a fines de 2024, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resolvió intervenir las operaciones correspondientes a la Administradora General de Fondos (AGF) del Grupo Sartor, tras detectar severas inconsistencias en la contabilidad y gestión de los activos administrados.
Posteriormente, el 30 de julio de 2026, la fiscalía inició formalmente la audiencia de cargos contra un total de 11 imputados entre ejecutivos e ingenieros de la firma. La fase de debate culminó el 17 de agosto de 2026 con las réplicas finales, dictándose la resolución definitiva el 18 de agosto de 2026.
Marco de la triangulación a la concesionaria Azul Azul S.A.
Uno de los ejes centrales acreditados provisoriamente por el tribunal fue la utilización ilícita de vehículos de inversión como el Fondo Tactical Sport y la firma Emprender Capital SpA. Estas entidades sirvieron para desviar capitales de fondos públicos con el objetivo de financiar la adquisición del 63,07% de las acciones de la sociedad concesionaria Azul Azul S.A. en abril de 2021.
El perjuicio patrimonial total calculado por la fiscalía oscila entre los US$ 180 millones y US$ 191 millones. Por su parte, la magistrada fijó en $2.200 millones el perjuicio acreditado específicamente en la arista de ilícitos menores y estafa en esta fase procedimental.
El 4° Tribunal de Garantía de Santiago determinó un plazo de 200 días para el desarrollo de la investigación complementaria, período durante el cual los cuatro principales imputados permanecerán privados de libertad mientras la fiscalía pericia los dispositivos electrónicos incautados y la contabilidad interna de la red de sociedades.
Foto : Radio ADN Chile
