Las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno reabren la discusión sobre la dependencia de los
combustibles fósiles. Experta plantea que Chile debe complementar los mecanismos de estabilización
con inversiones en electromovilidad e infraestructura eléctrica.
Las fluctuaciones internacionales del petróleo vuelven a poner en evidencia la exposición de Chile a
los precios de los combustibles. El anuncio del Gobierno que contempla un proyecto para limitar las
alzas de las gasolinas y el diésel durante 90 días, reactivó el debate sobre las herramientas
disponibles para enfrentar estas variaciones y la necesidad de avanzar hacia alternativas de
abastecimiento.
Actualmente, el país cuenta con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles
(MEPCO), creado mediante la Ley N.º 20.765, que permite moderar las fluctuaciones de los precios
internos a través de ajustes al componente variable del impuesto específico. Sin embargo, su
funcionamiento no elimina la dependencia de los mercados internacionales.
Para Carla Huerta, abogada especializada en materias tributarias, esta discusión también debería
impulsar una mirada de largo plazo sobre las inversiones necesarias para diversificar las fuentes de
energía utilizadas en el transporte.
«El MEPCO cumple una función relevante para amortiguar las variaciones de precios, pero no
resuelve nuestra dependencia de los combustibles derivados del petróleo. Chile necesita avanzar en
alternativas energéticas y generar condiciones para que la electromovilidad pueda expandirse más
allá de las principales ciudades», plantea.
De acuerdo con el Reporte Nacional de Infraestructura de Recarga para Vehículos Eléctricos 2026,
elaborado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el país pasó de 24
cargadores registrados en 2018 a 5.245 durante 2025. De estos, 1.230 eran públicos y 4.015
privados. La Región Metropolitana concentraba 3.827 instalaciones, lo que evidencia el desafío de
ampliar la cobertura territorial.
La expansión de esta tecnología requiere inversiones en puntos de carga, redes eléctricas y obras de
conexión, especialmente en rutas interurbanas y regiones alejadas de los principales centros
urbanos.
«La transición energética también es una oportunidad de desarrollo territorial. Las inversiones en
infraestructura eléctrica y estaciones de carga pueden generar actividad económica y mejorar la
conectividad, pero requieren planificación e instrumentos que permitan distribuir sus beneficios en
distintas zonas del país», agrega Huerta.
Desde una perspectiva tributaria, Huerta sostiene que los incentivos fiscales pueden contribuir a
generar condiciones para estas inversiones y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías. A su
juicio, el desafío está en que estos instrumentos consideren las distintas realidades territoriales y
permitan ampliar la infraestructura eléctrica más allá de los principales centros urbanos. De esta
forma, plantea, la diversificación energética también puede abrir oportunidades para mejorar la
conectividad y fortalecer el desarrollo económico de las regiones.
