Margarita Villegas Lagos, sentenciada a 15 años de presidio por abusos sexuales y violación de menores, obtuvo una rebaja de 16 meses de su pena mediante un decreto emitido en abril de 2026. El beneficio judicial reflota cuestionamientos debido a que el actual titular de Justicia representó legalmente a uno de los dueños del establecimiento en las demandas civiles presentadas por las familias de las víctimas.
Una nueva controversia salpica la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que se revelara la rebaja de condena otorgada a Margarita Angélica Villegas Lagos (55), una de las autoras de los delitos de violación y abuso sexual reiterado contra alumnos menores de 14 años del Colegio Apoquindo, ocurridos en 2012.
La beneficiada había sido sentenciada a 15 años de presidio efectivo. Sin embargo, mediante el Decreto Exento N.º 1152 firmado el 17 de abril de 2026 —durante la administración del presidente José Antonio Kast—, se le rebajaron 16 meses de pena, fijando la finalización de su condena para antes de la fecha original fijada en julio de 2027. La medida se suma a los beneficios concedidos a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores durante la actual gestión de gobierno.
El elemento que reabre el debate público radica en el vínculo previo del secretario de Estado con el caso: entre 2014 y 2023, antes de asumir la cartera de Justicia, Rabat ejerció como abogado defensor de Sebastián Navarrete, uno de los sostenedores y propietarios del recinto educacional, en el marco de las demandas civiles de reparación económica interpuestas por las familias de los afectados. Aquella arista civil concluyó en 2023 tras un fallo de la Corte Suprema que fijó una indemnización de $570 millones.
Origen judicial de la rebaja de pena Pese a los cuestionamientos políticos, los antecedentes del caso precisan que la reducción de condena no obedeció a una decisión discrecional del ministro Fernando Rabat, sino al cumplimiento de una resolución del máximo tribunal del país.
El proceso administrativo se inició en 2022 y fue rechazado en primera instancia por la Comisión de Reducción de Condena. No obstante, en 2023 la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de la defensa de Villegas, ordenando evaluar su solicitud bajo el marco legal vigente al momento de los hechos (2012). Tras registrar conducta sobresaliente en los periodos 2023, 2024 y 2025, y luego de una nueva negativa ministerial en febrero de 2026, la Corte Suprema ratificó en abril de 2026 la obligación de dictar el decreto que otorgó el beneficio.
Asimismo, se dio a conocer que su cónyuge y coautor en los delitos, Esteban Alonso Moya Godoy —condenado a 11 años de cárcel—, ya había obtenido una rebaja de 22 meses de presidio dispuesta por la Corte Suprema en diciembre de 2021, lo que le permitió recuperar la libertad con anterioridad.
La revelación vuelve a poner bajo el foco público los criterios de aplicación de la Ley 19.856 sobre reducción de condenas y la retroactividad de sus modificaciones en delitos de alta connotación social.
