El informe “Claves Ipsos” N°55 detalla además que un 46% de las personas cree que las autoridades locales priorizan intereses personales por sobre los de la comunidad, en un escenario donde el 71% percibe un alto nivel de corrupción en el país.
Un complejo panorama en materia de probidad y confianza institucional arrojó el informe “Claves Ipsos” N°55, desarrollado en conjunto con Chile Transparente. El estudio, que encuestó a 1.000 personas a nivel nacional, profundizó en la percepción ciudadana sobre la corrupción, el rol de los municipios y los desafíos frente a la nueva Ley de Protección de Datos Personales.
De acuerdo con los resultados, un 71% de la población percibe un alto nivel de corrupción en el país y en el Estado. Sin embargo, esta percepción negativa disminuye considerablemente al acercarse a ámbitos más cotidianos, bajando al 54% en la región de residencia y al 40% a nivel comunal.
Evaluación crítica de las instituciones
Al evaluar el comportamiento de 15 instituciones del país, 12 de ellas presentan un balance desfavorable, asociándose más a la corrupción que a la probidad. Las entidades peor evaluadas corresponden a los partidos políticos (74%), el Congreso Nacional (70%), los Tribunales de Justicia (59%), las Municipalidades (55%) y el Estado en general (54%).
En contraste, las únicas instituciones que logran un balance favorable en probidad son las policías y las Fuerzas Armadas, lideradas por la Policía de Investigaciones (PDI) con un 37%, Carabineros (36%) y las FF.AA. (35%), mientras que en la sociedad civil los emprendedores y dueños de pequeños negocios alcanzan un 69% de aprobación en conducta honrada.
Desconfianza y gestión en el mundo municipal
El estudio pone especial foco en el ámbito local. Solo un 19% de los encuestados considera que las municipalidades son transparentes en la rendición de fondos públicos, y apenas un 29% cree que cuentan con las herramientas necesarias para prevenir la corrupción. Además, un 46% sostiene que las autoridades locales —como alcaldes y concejales— priorizan sus intereses personales o partidistas por sobre los de la comunidad.
Para revertir esta crisis de confianza y fortalecer la probidad, la ciudadanía prioriza tres medidas principales:
- Aumentar el control de los recursos públicos (56%).
- Investigar y sancionar de manera efectiva las faltas de probidad (51%).
- Transparentar los criterios en la entrega de ayudas sociales (50%).
Preocupación por datos personales
Finalmente, el informe abordó la nueva Ley de Protección de Datos Personales, revelando que si bien la mitad de la población ha oído hablar de ella, solo un 33% comprende su alcance real. Pese a este desconocimiento normativo, un 80% manifiesta una alta preocupación por el manejo de su información personal, identificando al Registro Civil y al Registro Social de Hogares como las entidades más seguras, y a las redes sociales y empresas de delivery como las más vulnerables.
