El Juzgado de Letras y Garantía de la comuna aceptó la salida del profesional Juan Enrique Urrutia Rivas y del equipo jurídico que representaba a Luis Reyes Álvarez. Ante la vacante, el tribunal ordenó notificar al jefe comunal en la cárcel de Valdivia para evaluar la intervención de la Defensoría Penal Pública.
Un nuevo y complejo giro judicial experimenta la indagatoria por presuntos delitos de corrupción que enfrenta el alcalde de Río Bueno, Luis Roberto Reyes Álvarez, luego de que su abogado defensor, Juan Enrique Urrutia Rivas, presentara formalmente su renuncia al patrocinio y poder en la causa.
La resolución fue emitida este martes 10 de noviembre por el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno y lleva la firma del magistrado Claudio Ernesto Thomas Veloso, quien tuvo presente la dimisión del profesional. El fallo también dejó constancia de la renuncia al poder delegado que mantenían los abogados Josefina Beheran Castro e Italo Ignacio León Véliz.
Frente a este escenario de desprotección legal, el tribunal instruyó oficiar a la Defensoría Penal Pública para la designación de un nuevo representante, condicionando la medida a la aceptación del imputado y a la ausencia de un abogado particular de confianza. Para cumplir con el trámite, un funcionario de Gendarmería deberá notificar personalmente al jefe comunal en el Complejo Penitenciario de Valdivia, recinto donde permanece recluido. Si bien la resolución confirma que Reyes está al tanto de la situación procesal, el documento judicial no detalla los motivos de la renuncia ni anticipa si asumirá otro asesor privado.
Contexto de la investigación penal La salida del equipo jurídico ocurre en medio del proceso desatado el pasado 21 de octubre, fecha en que el tribunal decretó la prisión preventiva del alcalde tras ser formalizado por el Ministerio Público como presunto autor de cohecho agravado reiterado y lavado de activos.
La indagatoria, liderada por la Fiscalía Regional de Los Ríos, investiga presuntas anomalías ocurridas entre 2017 y 2022 —etapa en la que Reyes ejerció como alcalde y concejal—. Según los antecedentes del ente persecutor, el jefe comunal habría solicitado y recibido pagos ilícitos de proveedores municipales a cambio de beneficiarlos en licitaciones, acelerar pagos y anular multas, calculando un perjuicio y montos asociados de al menos $36.360.000.
En la misma arista judicial permanece privado de libertad el empresario Héctor Meza Hermosilla, imputado por soborno y lavado de activos. Cabe recordar que el pasado 30 de octubre la Corte de Apelaciones de Valdivia ratificó la prisión preventiva para ambos involucrados, fijando un plazo de investigación de 100 días, período en el cual el alcalde deberá regularizar su defensa jurídica manteniendo su derecho a la presunción de inocencia.
