Claudio Vargas M.
Trabajador Social
Magister en Desarrollo humano, local y regional
Chile un país preparado para emergencias, es una consigna identitaria indiscutible de nuestro
país. La Gestión de Riesgo de Desastres socionaturales (GRD), ha tenido avances considerables
ante amenazas de origen sismológico. Sin embargo, las históricas inundaciones de julio de 2026
entre las regiones de Atacama y Los Lagos han revelado la necesidad de contar con nuevos
mecanismos de planificación ante amenazas hidrometereológicas que consideren las respectivas
particularidades que constituyen y desarrollan estos fenómenos de origen natural cada vez más
importantes. Con un rol activo del gobierno central, regional y municipios, siendo estos últimos
los principales articuladores de esta labor.
La nutrida evidencia científica al respecto, ha visibilizado que las primordiales acciones que
puede impulsar un ente coordinador de GRD cuenta con dos pilares. El primero: La
incorporación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) a través de las distintas
herramientas y métodos de las ciencias geográficas, lo que facilita el acceso a datos tanto
hidrográficos, geológicos y sociales. El segundo: La instalación de mecanismos de gobernanza
territorial, para nutrir el primer pilar e impulsar el involucramiento del Estado, los privados, la
academia y la sociedad civil en el control de inundaciones como, por ejemplo, proyectos de
obras hidráulicas, parques inundables, redefiniciones espaciales, gestión medioambiental y la
identificación de las necesidades y respuestas de los actores de comunidades que directa e
indirectamente se puedan ver afectadas por un contexto desastroso.
Esta columna más que proporcionar una receta que solucione los problemas, sugiere dos
disposiciones que van dirigidas a mitigar los efectos que puedan desencadenar episodios de
fuertes precipitaciones. En este caso y a diferencia de los eventos sísmicos, la gestión del ciclo
del desastre recae, sin lugar a dudas, sobre los hombros de los municipios y las comunidades.
Estos escenarios, que se han agudizado en sus efectos debido al paso del fenómeno del niño, no
son circunstanciales y suceden periódicamente, los alcaldes – principales responsables de estas
decisiones- “deben” tener como prioridad extender en atribuciones y exigencias metodológicas a
las oficinas de gestión de riesgos y emergencias municipales con estos nuevos enfoques. Destaco
esto, porque el diseño institucional del Estado chileno, no cuenta con una normativa acabada en
esta temática y deja a criterio de las primeras autoridades comunales la destinación de recursos e
iniciativas municipales para la GRD.
La preocupación durante la emergencia es prioritaria y la presencia en terreno por parte de las
autoridades – especialmente locales – es completamente legitima, las performances con botas de
goma, el agua hasta las rodillas y exponerse a la lluvia no es suficiente para reducir el riesgo de
desastres. Es igual de necesario meterse al barro en función de la planificación estratégica, la
coordinación y “en el escritorio” para decidir soluciones elaboradas, ante ocurrencias que tienen
cada vez mayor impacto en las comunidades.
De aquí en adelante, lo transcendental es trabajar durante los tiempos de calma, es decir, todo el
año. Eso sus votantes, en la próxima elección también se lo van a agradecer.
