Basilio Belmar Rivas
Jefe Jurídico
Fundación Ronda
En un nuevo aniversario de la Ley Antidiscriminación tenemos la oportunidad para evaluar su
impacto y desafíos. La legislación vigente mantiene un enfoque reactivo que dificulta el acceso a la
justicia, debido a plazos acotados para presentar denuncias y la carga probatoria mayormente
impuesta a las víctimas. Este marco no responde a la complejidad de la discriminación, que afecta
transversalmente a personas LGBTIQ+, mujeres, personas mayores y con discapacidad, entre otros
grupos vulnerables.
La reforma que actualmente se discute en Comisión Mixta ofrece un cambio de paradigma con
medidas que amplían los plazos legales, eliminan sanciones a quienes denuncian y establece
indemnizaciones para las víctimas. Además, la creación de un Consejo de Igualdad y No
Discriminación fortalecerá la articulación intersectorial y la participación de la sociedad civil en el
diseño de políticas públicas.
Dada la persistencia de las desigualdades y exclusiones, resulta imprescindible que esta reforma
avance sin dilaciones, asegurando una legislación efectiva que proteja la diversidad y promueva la
igualdad real en Chile.