Una gran preocupación e incertidumbre afecta a estudiantes y funcionarios del Instituto Profesional (IP) y Centro de Formación Técnica (CFT) Los Lagos, como también a toda la comunidad, ya que desde junio pasado la institución ha cerrado nueve de las 13 sedes que tiene a lo largo del país afectando a más de tres mil estudiantes en los IP-CFT que abarcan desde Quillota a Coyhaique. Además, son 182 trabajadores y más de 300 docentes quienes se han visto perjudicados a raíz de una arista del caso Fundaciones.
Ante esta situación, fue el diputado PS por la Región de Los Ríos, Marcos Ilabaca, quien hizo un fuerte llamado a las autoridades de Educación, en especial a la Subsecretaría de Educación Superior, a que entreguen respuestas cuanto antes a cómo se enfrentará la situación que afecta a miles de jóvenes que no saben qué pasará con sus carreras y funcionarios que no han recibido sus remuneraciones.
“Esta es una situación gravísima y se debe abordar con rapidez. La superintendencia de Educación Superior dice que le van a terminar y caducar la acreditación al IP y CFT, entonces la pregunta es qué pasará con los miles de estudiantes que están en la mayor de las incertidumbres y necesitan saber qué sucederá con sus estudios y su futuro, al igual que los trabajadores. Yo me juntaré estos días con el subsecretario, porque acá se necesitan acciones urgentes y actuar con rapidez”, señaló el diputado Ilabaca.
En el mismo sentido, el parlamentario agregó que “tanto la Subsecretaría como el Mineduc deben asegurar el derecho a la educación de las y los estudiantes del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica y brindar certezas a la comunidad respecto al futuro de la institución”.
Cabe destacar que este hecho está directamente relacionado al caso Fundaciones, debido a que el rector de este IP-CFT, Jaime Huincahue, se encuentra con prisión domiciliara en Osorno a raíz de una polémica transferencia. En concreto, la fundación Kimün, controladora del IP-CFT hasta julio de 2023 y de la cual Huincahue en su presidente, recibió un traspaso de $1.200 millones por parte del Gobierno Regional de Los Lagos, según consigna Ciper, el cual está en materia de investigación en el Ministerio Público. A su vez, la Fundación Fundelin, que se quedó con la propiedad de este IP-CFT, también se ha visto involucrado en este caso, debido a que el representante legal de esta corporación y ex precandidato presidencial por la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, era el coordinador de este programa que debía ejecutar Kimün, quien también se encuentra en prisión preventiva.
