Este viernes, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para dos altos ejecutivos de la Fundación Participa, imputados por delitos de corrupción en el marco del denominado «Caso Convenios». La decisión del tribunal de alzada respalda la solicitud de la Fiscalía Regional de Los Lagos, que argumentó que la libertad de los imputados representa un «peligro para la seguridad de la sociedad» debido a la gravedad de los hechos investigados, los cuales involucran el presunto desvío de fondos fiscales destinados a 1.400 beneficiarios en situación de vulnerabilidad en la región.
Un importante revés judicial sufrieron este viernes los dos principales imputados vinculados a la arista local del «Caso Convenios», luego de que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt decidiera mantenerlos en prisión preventiva mientras dure la investigación. La resolución confirma lo ya dictaminado por el Juzgado de Garantía y acoge íntegramente los argumentos presentados por el Ministerio Público, consolidando la tesis de la Fiscalía respecto a la gravedad de los delitos y la existencia de antecedentes suficientes en esta etapa del proceso.
Los imputados, ambos altos directivos de la Fundación Participa, son investigados por su presunta responsabilidad en delitos de fraude al Fisco y otros ilícitos asociados a la malversación de fondos públicos. La investigación se centra en convenios suscritos entre la fundación y entidades gubernamentales para la ejecución de programas sociales que, según la indagatoria, no se habrían realizado en su totalidad o cuyos fondos habrían sido desviados para otros fines.
La confirmación de la medida cautelar más gravosa del sistema penal chileno fue comunicada por el fiscal a cargo de la causa, Patricio Poblete, de la Fiscalía Regional de Los Lagos. Tras conocer el fallo, el persecutor destacó la solidez de los antecedentes recopilados hasta ahora.
«La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en el día de hoy, confirmó la resolución del juzgado de garantía que había decretado la prisión preventiva respecto a dos imputados de la Fundación Participa», señaló el fiscal Poblete.
En su declaración, la autoridad del Ministerio Público profundizó en los fundamentos que esgrimió el tribunal de alzada para tomar su decisión. «En ese contexto, la Corte de Apelaciones estimó que, efectivamente, representaban un peligro para la seguridad de la sociedad de los imputados en base a los delitos por los cuales fue formalizado y la suficiencia a prueba que efectivamente hasta la fecha mantiene la Fiscalía Regional de los Lagos en relación a los imputados», explicó.
Para la Fiscalía, esta resolución es un paso crucial que fortalece la investigación en curso. «Eso, efectivamente, viene a dar fuerza a los antecedentes y a la carpeta investigativa y a la investigación que lleva la Fiscalía Regional de los Lagos en relación a esta fundación y, puntualmente, en cuanto al uso que se le dio a platas fiscales que debían ser destinadas a mil cuatrocientos beneficiarios con carácter de vulnerabilidad», concluyó el fiscal Patricio Poblete.
El caso de la Fundación Participa es una de las varias aristas que se investigan a nivel nacional bajo el rótulo de «Caso Convenios», un escándalo que estalló a mediados de 2023 y que ha puesto en tela de juicio los mecanismos de asignación directa de recursos del Estado a fundaciones y corporaciones privadas. En la Región de Los Lagos, la investigación busca determinar el destino final de millonarios recursos públicos que debían ir en ayuda directa de familias y personas de escasos recursos, lo que añade una dimensión social particularmente sensible al caso.
Con esta decisión de la Corte de Apelaciones, los dos directivos deberán permanecer recluidos en un centro penitenciario por todo el tiempo que se extienda el plazo de investigación fijado por el tribunal, período en el cual la Fiscalía continuará realizando diligencias para reunir más pruebas con miras a un futuro juicio oral. La defensa de los imputados, que buscaba revocar la prisión preventiva para sustituirla por medidas cautelares de menor intensidad, como el arresto domiciliario o la firma mensual, no tuvo éxito en su apelación.
El proceso judicial sigue abierto y se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas diligencias, incluyendo la toma de declaraciones a testigos y la revisión de la contabilidad de la fundación, para esclarecer completamente el mecanismo defraudatorio y el perjuicio total ocasionado al erario fiscal.
Fuente : paislobo.cl
