*** Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO-USS) presentó hoy en Valdivia el Primer Informe de Persecución Penal del Crimen Organizado, que detalla, entre otros resultados, que las salidas judiciales representaron el 41,5% de los términos por delitos asociados al crimen organizado en la región.
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En la Región de Los Ríos se registraron 14.808 salidas por delitos asociados al crimen organizado entre 2014 y 2024, lo que representa un 2,1% del total nacional. Al analizar su evolución en la última década, se observa que las salidas por este tipo de delitos aumentaron un 529,3%. Así lo evidencia el Primer Informe de Persecución Penal del Crimen Organizado en Chile, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO-USS).
El análisis, basado en registros del Ministerio Público, muestra que 6 de cada 10 salidas en la región correspondieron a causas vinculadas a drogas (60,0%), seguidas por delitos relacionados con armas (29,6%) y hechos de violencia, como homicidios, secuestros y extorsión (4,7%).
Menos de la mitad de las causas llega a un tribunal
Si bien durante la última década aumentó el número de causas que alcanzó una salida judicial (+303,8%), este tipo de términos representó el 41,5% del total de causas por delitos asociados al crimen organizado en la Región de Los Ríos, proporción menor que la observada a nivel nacional (46,4%).
Dentro de las salidas judiciales, el resultado más frecuente corresponde a las sentencias condenatorias, que representaron el 22,8% de los términos aplicados en la región, consolidándose como el principal mecanismo de sanción penal. Sin embargo, este resultado se mantiene por debajo del nivel nacional, donde el 27,8% de las causas termina en condena.
Le siguen la facultad para no investigar que representaron un 9,5% y los sobreseimientos definitivos, que concentraron el 5,1% de los términos en el mismo período.
Por su parte, la facultad para no investigar —decisión del Ministerio Público de no iniciar o continuar una investigación por falta de antecedentes suficientes —se convirtió en el mecanismo que registró el mayor crecimiento relativo en la última década, con un +486,4%.
Luis Toledo, director de CESCRO-USS, precisó que “eso refleja que el sistema de persecución penal ha intentado poner acento en los términos, tanto judiciales y no judiciales, en estas causas. También refleja que 9 de cada 10 de este tipo de causas corresponden a narcotráfico o a causas asociadas a la ley de drogas y también a la ley de control de armas. Lo que también está diciendo que hay un aumento de este tipo de delincuencia vinculada al tráfico de drogas, ya sea microtráfico o tráfico, en la Región de Los Ríos, y también a las causas asociadas a las armas”.
Agregó que “en el resto de las causas también habla de un fenómeno que está incidiendo a nivel nacional. Por ejemplo, en las causas asociadas a ciberdelincuencia no existe en todo el país una sola condena desde que la ley entró en vigencia. Esto habla de la dificultad investigativa en torno a estas causas, muchas veces con vínculos internacionales y donde las personas se sienten muy afectadas, toda vez que su dinero de los bancos o de las instituciones financieras, termina siendo quitado”.
Archivos provisionales se consolidan como principal forma de cierre de causas
En los últimos diez años se observa una mayor actividad del sistema penal frente a estos delitos, pero no todas las causas terminan en una resolución judicial. De hecho, las salidas no judiciales se consolidaron como el principal mecanismo de cierre, alcanzando el 49,1% de los términos, proporción superior a la cifra nacional (41,0%).
Este comportamiento se explica, principalmente, por el uso de archivos provisionales, que representaron el 43,7% de las salidas y se consolidaron como el principal mecanismo de cierre de causas sin resolución judicial. Le siguen las decisiones de no perseverar, con un 4,8%.
Para Toledo, “si bien estas herramientas forman parte del funcionamiento normal del proceso penal, su crecimiento sostenido advierte sobre el riesgo de que se consoliden cierres sin judicialización en determinadas áreas del crimen organizado, lo que hace necesario fortalecer las capacidades investigativas y priorizar estratégicamente los casos para sostener resultados judiciales efectivos”.
La mitad de las causas por drogas termina archivada
Al analizar las dimensiones con mayor número de causas por crimen organizado, se observa que los delitos asociados a drogas concentran la mayor proporción de salidas en la región.
En esta dimensión, predominaron las salidas no judiciales, que representaron el 53,6% de los casos y el término más frecuente corresponde a los archivos provisionales, que concentraron el 50,3% del total de salidas. Les siguen las sentencias condenatorias (25,8% de los términos).
Para Camila Astraín, investigadora de CESCRO-USS, “la dimensión asociada a delitos de drogas concentra el mayor volumen de causas, pero también evidencia una brecha estructural relevante, ya que una proporción importante de los casos finaliza sin una salida judicial, con alta presencia de archivos provisionales. Este patrón refleja tensiones persistentes entre la magnitud del fenómeno, los modelos de persecución utilizados y la capacidad efectiva del sistema para generar resultados judiciales en mercados ilícitos ampliamente extendidos”.
Por su parte, en los delitos asociados a armas, segunda dimensión con mayor número de términos, se observa una mayor proporción de salidas judiciales, que representaron el 52,3% de los casos, mientras que las salidas no judiciales alcanzaron el 42,9% y las otras salidas el 4,8%. En esta dimensión, el término más aplicado también corresponde a los archivos provisionales, que concentraron el 35,8% de las salidas, seguidos por la facultad para no investigar (29,7%) y las sentencias condenatorias (14,2%).
Toledo destacó que “como CESCRO-USS intentamos sacar una fotografía como aporte y para que sea visible para la comunidad cómo el sistema de persecución penal actúa frente a 74 delitos asociados a criminalidad organizada. Esto está disponible en páginas públicas de la USS y nuestro interés es colaborar con las instituciones para mejorar las políticas públicas y la respuesta efectiva y eficiente en esta materia”.
Revisa el Primer Informe de Persecución Penal del Crimen Organizado en Chile — Región de Los Ríos y la Plataforma Interactiva con el detalle nacional, regional y comunal.
Reacciones
Juan Andrés Varas, vicerrector de la USS sede de Valdivia, destacó la presentación del informe e indicó que “es un tema que resulta ser de extraordinaria importancia en la formulación de políticas públicas. Como decía un Presidente de la República, la realidad está compuesta de lo que las cosas son y de lo que la gente cree que las cosas son. Entonces hay una realidad objetiva y luego está la percepción subjetiva de la ciudadanía sobre ese fenómeno, y muchas veces hay disociaciones importantes entre ambos aspectos de la realidad. Por ello, la contribución de la Universidad de San Sebastián, y en particular de CESCRO, no tiene otra pretensión que ser un análisis de los últimos 10 años de cómo terminan las causas que se ingresan en fiscalía”.
Eric Aguayo, vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, sostuvo que “creemos que ha habido tremendos avances en el análisis que se ha hecho y siempre nosotros lo miramos con una perspectiva muy positiva. De hecho, dentro de los resultados que se han plasmado y que se han dado a conocer, se da cuenta de un avance sistemático en cuanto a la judicialización y el aumento en materia de condenas, y por lo tanto habla también de un trabajo que ha ido creciendo, que ha ido mejorando y que se ha ido, por sobre todo, enfocando en esta criminalidad organizada”.
Sobre CESCRO-USS
El Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO-USS) es una unidad académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, creada en 2023, dedicada al estudio del crimen organizado y al análisis del funcionamiento del sistema penal chileno. Su misión es generar evidencia y conocimiento aplicado para apoyar la toma de decisiones en materia de seguridad pública, contribuyendo a un país más seguro, en el marco de los valores de la democracia y la libertad.
Entre sus principales instrumentos se encuentran el Indicador Nacional de Crimen Organizado, que en 2024 recibió el Safe City Award por ser la primera herramienta en Chile que permite visualizar y cuantificar este fenómeno delictual, y la Encuesta Chile Nos Habla – Percepción Ciudadana en Seguridad, además del Informe de Resultados de la Persecución Penal por Delitos Asociados al Crimen Organizado en Chile, que analiza el desempeño del sistema penal frente a este fenómeno criminal.
