Vocera de Gobierno en Los Ríos llamó a actuar con responsabilidad y recordó que las obligaciones contraídas con recursos públicos deben ser cumplidas.
La Seremi de Gobierno Ane Contreras, respondió a las declaraciones realizadas por diversos personeros de oposición respecto de las acciones de cobro impulsadas por el Estado para recuperar recursos asociados al Crédito con Aval del Estado (CAE), señalando que el debate debe abordarse con responsabilidad y pensando en el correcto uso de los recursos públicos.
La autoridad regional sostuvo que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast está cumpliendo con una obligación básica del Estado, que es resguardar los recursos de todos los chilenos y recuperar dineros que, por años, no fueron pagados pese a existir compromisos adquiridos por quienes accedieron a este mecanismo de financiamiento para la educación superior.
«La posición del Gobierno ha sido clara: cuando una persona firma un compromiso financiero con respaldo estatal, también asume la responsabilidad de cumplirlo. Lo contrario significa que todos los contribuyentes terminan financiando obligaciones que otros decidieron no honrar», afirmó Contreras.
La Seremi recordó que, según información entregada por el Ministerio de Hacienda, más de 30 mil personas han regularizado voluntariamente su situación durante los últimos meses, mientras que las medidas de cobro se han focalizado en casos específicos y en personas con mayores ingresos. Asimismo, destacó que los tribunales de justicia han respaldado la legalidad de los procedimientos desarrollados por la Tesorería General de la República.
En esa línea, la vocera regional fue especialmente crítica respecto de las declaraciones de la oposición. «quienes hacen hoy las críticas, participaron de un gobierno que levantó falsas expectativas y que promovió la evasión del pago del CAE. Debe ser responsable y hacerse cargo de que sus posturas ideológicas estaban haciendo un daño patrimonial al Estado de Chile», señaló.
Contreras agregó que durante años se instaló la idea de que las obligaciones podían simplemente desaparecer por decisión política, generando un aumento significativo de la morosidad y perjudicando las finanzas públicas. Diversas autoridades del actual Gobierno han sostenido que la deuda acumulada del sistema alcanza cifras millonarias y que la falta de pago termina afectando recursos que podrían destinarse a otras necesidades sociales.
Finalmente, la Seremi de Gobierno hizo un llamado a mantener un debate serio sobre la educación superior y el financiamiento público. «Lo responsable es decir la verdad. Nadie está por sobre la ley ni de los compromisos que libremente adquirió. Como Gobierno seguiremos impulsando medidas que permitan recuperar recursos para destinarlos donde más se necesitan: seguridad, salud, apoyo social y desarrollo para las familias chilenas», concluyó.
