La autoridad comunal fue formalizada tras una fiscalización en Entre Lagos donde se encontraron fármacos sujetos a control. La defensa alega que los productos pertenecían a una sanción sanitaria previa y no estaban a la venta.
En un procedimiento conjunto entre Carabineros y la Autoridad Sanitaria, la actual concejala de la comuna de Puyehue, Patricia Obando Ricardi, fue detenida la tarde de este jueves 11 de junio. El arresto se produjo en su propio local comercial, denominado «La Botika» y ubicado en la calle O’Higgins de la localidad de Entre Lagos, tras detectarse la presencia de medicamentos cuya comercialización está estrictamente regulada.
Según los antecedentes del caso, recopilados por el medio quintadimension.cl, la imputada —quien accedió a su sillón edilicio tras resultar segunda en las preferencias dentro de la lista de Independientes pro Renovación Nacional— fue puesta a disposición de la justicia por una presunta infracción a la Ley 20.000, cuerpo legal que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Fármacos bajo receta retenida
Tras celebrarse la audiencia de control de la detención en el Juzgado de Garantía de Osorno, el fiscal Narciso García aclaró la naturaleza de los hechos. El persecutor explicó que los productos incautados no corresponden a sustancias clandestinas o prohibidas por sí mismas, sino a comprimidos legítimos que, de acuerdo con la legislación chilena, requieren receta médica retenida para su expendio. Por ende, el establecimiento de la concejala no contaba con las facultades legales ni los permisos sanitarios para comercializarlos.
«Se constataba que se mantenían a la venta medicamentos sujetos a la Ley 20.000», precisó el fiscal García respecto al operativo del miércoles.
La teoría de la defensa
Durante la audiencia, la defensa de Obando expuso una teoría alternativa que el Ministerio Público se comprometió a indagar. De acuerdo con esta versión, la Seremi de Salud ya había realizado una inspección al mismo recinto en marzo pasado, instancia en la que se detectaron los fármacos y se decretó la prohibición de funcionamiento del local.
La defensa argumenta que dicha sanción se cumplió a cabalidad y que, al no ejecutarse un decomiso material en aquella oportunidad, los medicamentos quedaron bajo la custodia de la mujer en el inmueble, almacenados pero fuera de los mostradores de venta al público.
Plazo de investigación
El tribunal determinó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, período en el cual la fiscalía buscará esclarecer tanto la dinámica del almacenamiento como la procedencia exacta de los fármacos.
Al cierre de la jornada judicial, y a pesar de los requerimientos de la prensa, la concejala Patricia Obando optó por guardar silencio y evitó emitir declaraciones sobre el proceso que enfrenta.
Cabe recordar que la Ley 20.000, a través del Decreto N°867 del Ministerio del Interior, equipara el control de ciertos fármacos catalogados como psicotrópicos al de drogas como la cocaína o el éxtasis. Por tanto, su distribución, distribución o venta informal es penalizada bajo los delitos de tráfico o microtráfico, dependiendo de los pesajes y dosajes incautados.
