SANTIAGO, octubre de 2026
Las asociaciones de funcionarias y funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo el pasado lunes 19 de octubre, que propone modificaciones sustantivas a la institucionalidad encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en Chile.
Advertimos que esta iniciativa, presentada bajo el argumento de modernizar y fortalecer el carácter del Instituto, contempla transformaciones que amenazan con debilitar su autonomía, reducir significativamente sus capacidades de protección y afectar gravemente su presencia territorial.
El INDH no es una institución al servicio del gobierno de turno, es una institución autónoma creada para promover y defender los derechos de las personas que habitan el territorio nacional, características claves para su rol de supervisión del actuar del Estado. Es, además, una institución que responde a una conquista democrática, al compromiso de Chile con los estándares internacionales y a las históricas demandas de la sociedad civil.
Denunciamos que el proyecto del Ejecutivo se aleja completamente de las propuestas entregadas por la Comisión Asesora Presidencial, cuya composición fue pluralista y transversal, y estuvo a cargo de elaborar recomendaciones para el fortalecimiento del INDH.
Un Estado que debilita a su institución nacional de derechos humanos, afecta, ante todo, la protección de las personas. Frente a este escenario, advertimos que el proyecto presentado implica los siguientes retrocesos:
- Menos herramientas para exigir justicia: fin de la defensa jurídica frente a graves violaciones a los derechos humanos.
- Pérdida de la presencia regional: la representación ante abusos del Estado estaría centralizada.
- Elimina la autonomía y aumenta la injerencia política: el Consejo Directivo sería menos diverso y pluralista de lo que es actualmente, entregando al Gobierno decisiones sobre un órgano que debería tener independencia para supervisar al Estado.
- Recorte presupuestario estructural: el recorte propuesto se traduce en el despido del 70% de las y los abogados de los equipos de protección de derechos y un 50% de las y los trabajadores de las sedes, lo que significa en la práctica, el desmantelamiento de las sedes regionales del INDH..
Hacemos un llamado imperativo al Congreso Nacional a rechazar este proyecto. También a las y los trabajadores a oponerse a retrocesos institucionales disfrazados de progreso. Y a las personas y comunidades en todos los territorios a informarse y defender sus derechos exigiendo siempre mejoras, nunca retrocesos. Acá, no solo nos movilizamos ante una inminente pérdida de nuestros puestos laborales, nos movilizamos por un proyecto que deja en indefensión y desprotección a Chile.
