- Pagos de patentes mineras correspondientes a 2026 se aplazan hasta el 28 de
febrero de 2027. - La normativa establece también una condonación de recargos por mora o
retraso en el pago anual de las patentes del sector correspondientes a 2026. - Ley elimina la patente progresiva, reduciendo sustancialmente los costos que
afectaban especialmente a medianos y pequeños productores. Asimismo,
aumenta causales para acceder a un pago rebajado.
Santiago, 5 de noviembre de 2026.-Con su publicación esta mañana en el Diario Oficial, entró en
vigencia la nueva Ley N°21.853 de amparo minero. La iniciativa aplaza en el acto, hasta el 28 de
febrero de 2027, el pago anual de patentes mineras correspondientes al año 2026, suspendiendo
con ello los remates sobre concesiones de exploración y explotación en todo el país.
Además, la normativa establece que la Tesorería General de la República (TGR) deberá condonar
recargos por mora o retraso en el pago anual de las patentes mineras de 2026. Y da la posibilidad
también, previa solicitud de la persona interesada, de suscribir convenios de cancelación en
cuotas, periódicas, mensuales y sucesivas de hasta 12 meses.
Pilares de la nueva Ley
Uno de los pilares de la nueva Ley es el fin al cobro de una patente progresiva con tope de hasta 12
UTM por hectárea, reemplazándolo por una tasa fija de 0,4 UTM por hectárea para las concesiones
de explotación, lo cual reduce costos que afectaban especialmente a los pequeños y medianos
productores mineros.
Asimismo, amplía las causales para acceder a una patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea,
respecto de las pertenencias mineras, eliminando requisitos burocráticos de parentesco y tipos
societarios; e incorporando una nueva causal por exploración para que el productor no tenga que
presentar los mismos documentos todos los años.
La normativa también extiende el beneficio de patente rebajada para que no solo los titulares de
las referidas concesiones puedan solicitarlo, sino también arrendatarios y quienes exploten
legítimamente la mina. También conserva el beneficio de rebaja mientras el proyecto cuente con
una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente o esté en proceso de evaluación
ambiental.
Beneficios para la pequeña minería
Para brindar a este régimen una cobertura coherente con la realidad productiva de la pequeña
minería, la Ley N°21.853 introdujo un nuevo régimen especial para titulares de hasta 500
hectáreas, que desarrollen trabajos mineros y se encuentren empadronados en ENAMI u otro
poder de compra reconocido. Estos casos podrán mantener una patente rebajada por 5 años.
Del mismo modo, fortalece el régimen especialísimo de postulación al beneficio, eliminando la
exigencia de acreditar servidumbres y ampliando de 50 a 100 hectáreas la extensión de superficie
susceptible de acogerse a patente rebajada para la minería artesanal y de 100 a 150 hectáreas para
pequeños productores. La mantención de la rebaja sube de 2 a 5 años.
Con su publicación en el Diario Oficial, la nueva normativa ya está en condiciones de brindar a la
actividad minera reglas más claras y un régimen general más beneficioso, con causales de rebaja
bien delimitadas, alineando el sistema de patentes con los objetivos de desarrollo minero del país.
Sin perjuicio de ello, en el caso de los artículos 142 bis (referido al monto de la patente anual y
causales de rebaja) y 142 ter (nuevo régimen especial de la pequeña minería para titulares de hasta
500 hectáreas) las modificaciones comenzarán a regir una vez publicado el Reglamento del Código
de Minería que defina condiciones y disposiciones para aplicar a los beneficios establecidos en
ambas cláusulas.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que “con la entrada en vigencia del nuevo
régimen de patentes, estamos corrigiendo y simplificando una legislación que puso en riesgo el
desarrollo de cientos de proyectos de la minería artesanal, pequeña y mediana a lo largo del país”.
El subsecretario de Minería, Álvaro González, enfatizó que esta Ley entrega nuevas oportunidades
a cientos de mineros. Aclaró respecto a la postergación de pagos y remates que “se trata de una
medida excepcional y transitoria”.
