La institución querelló a involucrados, derivó antecedentes a la justicia y reforzó la fiscalización interna luego de detectar intermediaciones indebidas y anomalías en rendiciones de proyectos
El Gobierno Regional de Los Ríos fijó su postura frente a los informes finales emitidos por la Contraloría Regional sobre la ejecución y supervisión del Fondo Vida en Comunidad. A través de un pronunciamiento oficial, la entidad reconoció la existencia de debilidades en sus mecanismos de control e inspección durante el periodo auditado, al tiempo que detalló las acciones administrativas y judiciales puestas en marcha para resguardar el patrimonio público.
El foco principal de los hallazgos apunta a la actuación de un exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano —cuya labor precedió a la actual administración del gobernador Luis Cuvertino—, quien tras dejar el cargo habría operado como gestor externo en la formulación, ejecución y rendición de diversas iniciativas. Según los antecedentes presentados, dicho profesional figuró como proveedor mediante empresas de su propiedad, obteniendo ganancias económicas a partir de los proyectos concursables.
Acciones adoptadas y ejes de la respuesta institucional:
- Judicialización y denuncias: Tras detectar las primeras anomalías, el GORE remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Servicio de Impuestos Internos (SII). En el caso específico de un proyecto vinculado a la agrupación Surcultura y la banda La Teruka, la institución rechazó las rendiciones por inconsistencias y mantiene acciones judiciales para la restitución de los fondos.
- Reestructuración de la fiscalización: Se implementó una nueva Unidad de Rendiciones y se crearon comisiones especiales de revisión con el fin de congelar transferencias y evitar la validación de gastos dudosos o sin respaldo.
- Reconocimiento de brechas operativas: La autoridad regional admitió que la rápida expansión del fondo y el alto volumen de organizaciones beneficiadas sobrepasaron la capacidad operativa para realizar inspecciones presenciales continuas, brecha que aseguraron estar corrigiendo de cara a futuros concursos.
- Nuevos estándares de control: El plan de mejora incluye el rastreo de proveedores, el control de precios de mercado, la trazabilidad exhaustiva de los montos asignados, la prevención de la duplicidad de financiamientos y mayores exigencias a los intermediarios.
Desde la gobernación recalcaron que ningún funcionario ni la propia directiva del GORE hicieron uso de estos recursos para beneficio individual, al tratarse de asignaciones concursables dirigidas a organizaciones sociales. Finalmente, la entidad reiteró su disposición a colaborar plenamente con los tribunales de justicia para perseguir las responsabilidades penales de quienes hayan intentado obtener ganancias ilícitas con fondos públicos.
