Por Claudio Vargas Mancilla , Trabajador Social
Magister en desarrollo humano, local y regional
El 22 de mayo de 1960 fue un antes y un después para decenas de miles de personas,
familias y comunidades que vieron interrumpida su normalidad en la zona centro sur de
Chile y otras partes del mundo. Este hecho que puede ser analizado de forma
multidisciplinaria por su relevancia y la complejidad de sus consecuencias,
principalmente, socioculturales y económicas, resultó ser el punto de partida para
muchas creencias, normativas e instituciones con las que hoy, sesenta y seis años
después, convivimos y adaptamos a nuestra cotidianeidad.
La creación de la extinta Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior
(ONEMI) — que a principios de esta década mutó al Servicio Nacional de Prevención y
Respuesta ante Desastres (SENAPRED) — o la confección y aplicación de la
normativa sísmica, que es un orgullo nacional y todo un logro civilizatorio por su
evolución y aplicabilidad en construcción, fueron algunas de las medidas que desarrolló
el Estado para abordar las problemáticas asociadas a fenómenos desastrosos de
origen socionaturales durante las últimas tres décadas del siglo XX, siempre con el foco
en el tratamiento de la emergencia o el fenómeno destructivo propiamente tal. Con la
redacción del plan de Acción de Hyogo en 2005 y el posterior plan de acción de Sendai
en 2015, ambos impulsados por Naciones Unidas y al que se adscribieron gran parte
de sus Estados miembros entre ellos Chile, se promovió un enfoque de gestión dirigido
a la prevención y reducción de los potenciales efectos de un desastre. Aquello en
nuestro país tuvo como resultado la formulación de una inédita política nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) que puso énfasis en la participación y
articulación de una gobernanza formal con actores de todos los niveles administrativos
del país. Lo que a todas luces ha significado contar en la actualidad con una
institucionalidad más robusta que existía hace un par de décadas.
Tanto empírica como científicamente se ha demostrado que la tarea de la GRD nos
conduce al levantamiento de diversas iniciativas ciudadanas y comunitarias que
puedan otorgar contenido y desarrollar capacidades sociales, económicas, culturales
y/o de infraestructura en a todo el espectro de gobernanza del riesgo – concepto
entendido como toda iniciativa proveniente de la sociedad civil, el sector privado,
público, la academia y su implicación en el quehacer institucional de una sociedad –.
Es decir, está en cada vecino, vecina, empresa, organización y comunidad, identificar
sus vulnerabilidades y gestionar organizadamente las capacidades para enfrentar
amenazas de riesgos naturales (terremotos, erupciones volcánicas, fenómenos
meteorológicos) o antrópicas (incendios) que amenacen la normalidad de nuestro
entorno. Por eso es imperativo tener conciencia de que esta labor no es exclusiva del
municipio, ni de algún ente estatal, al contrario, las responsabilidades hoy deben recaer
mayormente en las comunidades de las sociedades locales y/o regionales, dado que
son los espacios inherentes para canalizar nuestras preocupaciones y proponer
respuestas para mitigar los efectos de un potencial escenario desastroso.
Así como en el pasado se constituyó en las leyes la gestión del riesgo, luego se dio
paso a las recomendaciones supranacionales con los marcos de acción de Hyogo y
Sendai, hoy el Estado más fortalecido acciona en base a instrumentos adaptados a
nuestra realidad como una política pública y diversos planes en la materia. Pero aún
falta lo esencial: El contenido que cada comunidad descentralizada en cada rincón de
Chile pueda aportar a esta estructura de respuesta sin dejar en segundo plano los
saberes locales y las innovaciones que estos mismos puedan aportar. El gran desafío
es fortalecer la participación para alcanzar mejores niveles de resiliencia individual y
colectiva, en un rol que debiese ser característico de nosotros, la ciudadanía.
