Una nueva entrega de la Encuesta ICSOH-UDP (serie Clima Social 2026) muestra un escenario marcado por la percepción de deterioro en el trato cotidiano, la incertidumbre ante las normas de interacción y una alta demanda ciudadana de respeto, educación cívica y seguridad.
— La convivencia en el país atraviesa por un complejo momento de transformación, donde la sensación de pérdida de respeto, la incertidumbre frente a las reglas del trato cotidiano y la demanda simultánea de mayor orden y formación ciudadana marcan la pauta. Así lo revela la tercera entrega de la Encuesta ICSOH-UDP serie Clima Social 2026, titulada «Convivir sin manual: respeto, trato y regulación de la convivencia en Chile», desarrollada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) y el Observatorio de Desigualdades (OBDE) de la Universidad Diego Portales, con trabajo de campo a cargo de Ipsos y un complemento cualitativo de la consultora Subjetiva.
El estudio, aplicado a 1.500 personas mayores de 18 años a nivel nacional entre el 9 y el 14 de octubre de 2026, expone que las grietas en el consenso normativo se reflejan con fuerza en la esfera pública y privada.
Deterioro del respeto y desconfianza institucional
Al evaluar el panorama actual en comparación con la última década, el diagnóstico ciudadano es mayoritariamente crítico. El 69% de los encuestados considera que hoy existe menos respeto hacia la autoridad (como profesores, carabineros o funcionarios), cifra que asciende al 76% en el caso de las mujeres y al 82% en los sectores de mayores ingresos. Asimismo, el 61% advierte una merma en el respeto hacia quienes piensan distinto y el 56% percibe un incremento de la agresividad en las interacciones diarias, manifestada en gritos y peleas.
A este escenario se suma una mirada desconfiada hacia el prójimo: un 56% sostiene que en Chile las personas se preocupan solo de sí mismas, y apenas un 32% cree que la mayoría cumple con las leyes (indicador que se desploma al 24% entre los menores de 30 años).
Pese a este debilitamiento normativo, las medidas punitivas extremas no concitan un respaldo unánime, aunque sí se observa tolerancia hacia ciertas acciones fuera de la ley ante la sensación de desprotección. Por ejemplo, el 47% considera aceptable que ciudadanos castiguen físicamente a un delincuente si la policía no llega a tiempo.
Discriminación y la «incertidumbre» del trato cotidiano
En el plano de las interacciones interpersonales, el informe destaca un dato alarmante: el 73% de los chilenos declara haberse sentido discriminado al menos alguna vez en los últimos doce meses. Entre las razones esgrimidas figuran en primer lugar la condición socioeconómica (39%), seguida por la apariencia física (34%) y la edad (24%). Las experiencias de trato desigual muestran además una profunda brecha de clase; el 55% acusa haber sido ignorado o postergado en su atención, una situación que afecta con más fuerza a los sectores de menores ingresos (65%) frente a los más acomodados (41%).
Uno de los hallazgos más llamativos del sondeo es la profunda incertidumbre que experimenta la ciudadanía respecto a qué decir o cómo actuar en público:
- El 63% admitió que en el último año no supo si una broma o comentario podía resultar ofensivo.
- El 59% prefirió callar una opinión por temor a ser malinterpretado.
- El 49% evitó emitir comentarios por miedo a ser expuesto o «funado» en redes sociales, una preocupación especialmente latente entre los jóvenes y los sectores socioeconómicos más vulnerables.
Educación y seguridad: las prioridades de la ciudadanía
Consultados sobre las vías para mejorar la convivencia social, los encuestados priorizan el ámbito formativo por sobre las normativas rígidas. Un 38% apunta a que las personas se traten con más respeto en la vida cotidiana y un 37% aboga por fortalecer la educación cívica en familias y colegios. En contraposición, apenas un 10% considera prioritario establecer reglas claras que se cumplan siempre. La responsabilidad de esta formación recae casi de forma unánime en la familia (97%) y la escuela (75%).
No obstante, esta demanda por valores cívicos convive con un fuerte respaldo a medidas de control y seguridad orientadas a recuperar el espacio público:
- El 95% apoya multar a quienes botan basura en la calle.
- El 91% respalda sancionar a quienes no recogen los desechos de sus mascotas.
- El 89% está a favor de prohibir el consumo de alcohol en plazas y parques.
- El 81% aceptaría la instalación de cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos.
- El 74% apoya la prohibición del uso de celulares en los colegios durante toda la jornada escolar.
- El 66% aprueba el patrullaje de militares en las calles, una medida que genera profunda división política, ya que cuenta con el apoyo del 82% en la derecha pero solo del 29% en la izquierda.
Polarización en la arena política
El estudio también aborda el clima político, donde las evaluaciones son categóricas. El 65% califica como irrespetuoso el trato entre los políticos de distintos sectores, y un porcentaje mayoritario cree que las autoridades están poco o nada dispuestas a ceder para alcanzar acuerdos. A siete años del estallido social, las lecturas sobre aquel hito continúan fragmentadas: un 36% lo recuerda exclusivamente como una manifestación de demandas sociales y un 31% como una crisis de violencia y desorden, predominando esta última visión en sectores de derecha, mientras que los jóvenes y la izquierda tienden a valorar el trasfondo de demandas ciudadanas.
Finalmente, el informe advierte que la convivencia nacional transita en una delgada línea entre la urgencia de recuperar la dignidad y el trato respetuoso en la vida diaria, y la necesidad imperiosa de orden institucional y seguridad pública.
