La parlamentaria del Partido Social Cristiano solicitó una auditoría especial para esclarecer prácticas que estarían generando quiebras ficticias, relicitaciones y un grave perjuicio a los recursos del Estado.
Hasta la Contraloría General de la República concurrió la diputada por la Región de Antofagasta, Yovana Ahumada, para ingresar un oficio en el que solicita investigar una serie de irregularidades que se estarían repitiendo en procesos de licitación pública, especialmente en obras de infraestructura financiadas con recursos fiscales.
Se trataría de una situación que la legisladora del PSC, calificó como “un vicio del sistema, donde empresas se adjudican licitaciones, luego se declaran en quiebra sin terminar las obras y, posteriormente, reaparecen bajo nuevas razones sociales para volver a adjudicarse contratos, lo que termina por retrasar proyectos esenciales, encarecer las obras y obligando al Estado a un mal uso de los recursos públicos”, advirtió.
En el escrito dirigido a la contralora Dorothy Pérez, la parlamentaria Yovana Ahumada expuso una serie de situaciones que darían cuenta de un patrón reiterado como es la participación de empresas en licitaciones públicas que cuentan con nuevos RUT, pero que son conformadas por los mismos socios o administradores que vuelven a participar de licitaciones tras abandonar proyectos anteriores, lo que para Yovana Ahumada “podría vulnerar principios básicos de probidad, transparencia y eficiencia en el gasto público”.
En ese sentido, la diputada Ahumada, puso como ejemplo se refirió a lo ocurrido con el nuevo Hospital Regional de Antofagasta, que “fue una obra largamente esperada por la comunidad y que terminó generando una serie de sobrecostos significativos producto de quiebras y relicitaciones y donde lamentablemente los vecinos terminaron pagando los errores y abusos de un sistema que no está funcionando como debiera”, recalcó.
Por esta razón, la legisladora Yovana Ahumada señaló que espera que la Contraloría General de la República, determine la magnitud real de estas prácticas, cuantificando los perjuicios económicos y proponiendo medidas correctivas “para evitar el abuso del multi RUT y fortalecer los controles en las compras públicas, ya que Chile necesita obras bien hechas, ejecutadas a tiempo y con probidad. Eso es lo mínimo que esperan las personas del actuar del Estado”, concluyó.
