Publicado el 4 de agosto de 2026
La iniciativa presentada por senadores de diversos sectores busca tipificar con penas de cárcel la difusión de antecedentes bajo reserva, pero genera reparos al no distinguir entre la falla de funcionarios públicos y el trabajo de la prensa.
Una fuerte alerta en el gremio periodístico y en organizaciones defensoras de la libertad de expresión ha provocado la tramitación de un proyecto de ley que busca tipificar y sancionar con penas de presidio la divulgación de antecedentes de investigaciones penales reservadas, iniciativa que ha sido catalogada por sus detractores como una «Ley Mordaza 2.0».
- El origen y contenido del proyecto: Presentada de forma transversal por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), la moción modifica el Código Procesal Penal. Propone aplicar penas de presidio menor en su grado medio a máximo a quienes «de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto».
- Alertas por criminalización de la prensa: El principal cuestionamiento radica en que el texto no diferencia entre los funcionarios o intervinientes que filtran la información desde el sistema judicial y los periodistas que la difunden en el ejercicio de su rol informativo. Al respecto, el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas advirtió que la norma expone a los comunicadores a la criminalización e ignoraría su función democrática, recordando además que grandes escándalos de corrupción —como los casos Penta, SQM o las irregularidades en el Ejército— salieron a la luz pública gracias al periodismo de investigación.
- Reacciones del mundo político: Las críticas también han encontrado eco dentro del propio Congreso. El senador Tomás de Rementería (PS) enfatizó que la responsabilidad no recae en los periodistas que hacen su trabajo, sino en los intervinientes del proceso judicial, mientras que la senadora Fabiola Campillai (Ind.) tildó la propuesta como una «persecución hacia periodistas» que atenta contra tratados internacionales de derechos humanos.
- Compromiso de modificaciones: Tras aplazarse la votación de la iniciativa en la Sala del Senado, los autores del proyecto se comprometieron a introducir indicaciones para perfeccionar el artículo en debate. El objetivo manifestado por los parlamentarios es garantizar que la responsabilidad penal se enfoque estrictamente en la falla institucional y no en la prensa. No obstante, en el sector persisten los resquemores debido a la ambigüedad de conceptos como «divulgación indebida», los cuales advierten que podrían inducir a la autocensura.
