Por Juan Guerra Hollstein
Seremi de Gobierno Los Ríos
Por años, los dirigentes sociales han sido la primera línea de contención en nuestras comunidades. Son ellos quienes organizan la vida en los barrios, articulan demandas ciudadanas, canalizan necesidades urgentes y, en ocasiones, enfrentan situaciones que el Estado demora en abordar. Su labor es clave para fomentar la participación ciudadana, pero muchas veces se ve expuesta a amenazas, hostigamientos y agresiones.
Esto por lo anterior, que desde el gobierno del presidente Gabriel Boric estamos impulsando el proyecto de Ley de Protección a Dirigentes Sociales. Una iniciativa que, más allá de su dimensión penal, representa un gesto político profundo: reconocer que quienes lideran las organizaciones de base son actores imprescindibles para el fortalecimiento democrático y merecen respaldo institucional, jurídico y social.
Este proyecto —que recoge propuestas anteriores— incorpora una agravante penal específica para quienes cometan delitos como amenazas, lesiones u homicidio en represalia contra dirigentes o dirigentas sociales por el ejercicio de sus funciones. Se trata de una señal potente: en Chile, no vamos a tolerar que quienes trabajan por el bien común en sus comunidades sean amedrentados.
Pero el valor de esta iniciativa no se agota en la norma jurídica. El Gobierno ha dado pasos concretos en una agenda más amplia de dignificación y fortalecimiento de la dirigencia social. Ejemplo de ello fue la Escuela de Formación Social de Seguridad y Prevención Comunitaria, desarrollada junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que permitió dotar de herramientas y respaldo a cientos de dirigentes a lo largo del país. No se trata sólo de castigar a los agresores, sino también de construir condiciones más seguras, justas y estables para quienes lideran las organizaciones sociales.
El reconocimiento legal y simbólico a la labor dirigencial es una deuda histórica, que nuestro gobierno busca compensar con políticas concretas. Nuestra convicción es que el Estado de Derecho debe proteger a quienes lo defienden día a día desde los territorios. No se puede hablar de democracia robusta si quienes la sostienen desde las juntas de vecinos, uniones comunales u organizaciones funcionales están desprotegidos o silenciados.
Este proyecto, que avanza gracias a mociones parlamentarias transversales y el respaldo del Ejecutivo, es una victoria de las comunidades. De aquellos que, con más vocación que recursos, construyen país desde abajo, desde lo cotidiano, desde lo colectivo.
Proteger a las y los dirigentes sociales no es un acto simbólico, es una afirmación de principios: estar comprometidos con la democracia, esa que se construye en cada barrio, en cada reunión vecinal y en cada comunidad de nuestro país. Hacemos el llamado a las diputadas y diputados, para que el lunes 11 de agosto voten a favor de este proyecto y permitan su avance legislativo. Con ello, enviaremos un mensaje claro a quienes, cada día, fomentan la participación ciudadana: no están solos. El Estado los respalda.
