Veintiocho años después de una sequía que los dejó sin agua potable, las familias
de esta localidad de la región de Los Ríos trabajan activamente en la recuperación
de sus suelos y microcuencas abastecedoras, entendiendo que la seguridad hídrica
depende directamente del estado de los ecosistemas.
En 1998, la comunidad de Mashue, en la comuna de La Unión, enfrentó una crisis
hídrica que transformó profundamente su relación con el entorno. A partir de esta
experiencia, sus habitantes decidieron organizarse y conformar su Comité de Agua
Potable Rural (CAPR), reconociendo progresivamente que la disponibilidad de agua
está estrechamente vinculada a la conservación del bosque nativo en las cuencas
proveedoras.
Con esta comprensión, impulsaron un mecanismo de pago por servicios
ecosistémicos orientado a financiar acciones de restauración. Este proceso dio
origen al Programa de Recuperación de Microcuencas Prediales Degradadas, que
amplió su alcance hacia las distintas microcuencas que abastecen el territorio.
Posteriormente, la comunidad identificó que la restauración por sí sola no era
suficiente, y que era necesario avanzar hacia un modelo de desarrollo productivo
compatible con la conservación. Así nació el Programa de Transición a la
Agroecología, enfocado en fortalecer prácticas agrícolas sostenibles y en recuperar
la salud del suelo como base del sistema productivo. A partir de este proceso, se
conformó la Agrupación Agroecológica de Mashue.
“Tú ves ahora la escasez de agua, la pérdida de los suelos, el cambio climático…
hemos tenido talleres de recuperación de suelos, de bioinsumos para no contaminar
más, y uno aprende la lección: si no tengo bosque, no tengo agua”, señala Fabiola
Rivera, presidenta de la Agrupación Agroecológica.
En este contexto, el Proyecto GEF Incentivos para la Conservación de la
Biodiversidad ha contribuido al fortalecimiento de estas iniciativas locales, apoyando
la actualización del modelo de retribución por servicios ecosistémicos (RSE) y el
desarrollo de ambos programas. Este trabajo se enmarca en las experiencias
demostrativas del proyecto, las cuales buscan pilotear instrumentos económicos
para la conservación de la biodiversidad, articulando desarrollo productivo y
protección de los ecosistemas.
A través de estos procesos, se ha promovido la educación ambiental, la
agroecología en la agricultura familiar y la recuperación de funciones ecológicas del
suelo, entendidas como fundamentales para la regulación hídrica del territorio.
Pero la mirada de la comunidad está puesta en el futuro. Para Fernando Muñoz,
presidente del Comité de Agua Potable Rural de Mashue, la educación de las
nuevas generaciones es clave para sostener estos avances: “Son las futuras
generaciones las que tienen que llevar adelante este proceso. Son ellas las que
deberán asumir la responsabilidad de proteger el agua y el suelo”.
El proyecto GEF Incentivos es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente, e
implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF su sigla en
inglés) y su objetivo es mejorar el financiamiento nacional para la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, a través del diseño, la implementación y
optimización de instrumentos económicos que fortalezcan las finanzas públicas e
incentiven la contribución económica del sector privado al mantenimiento y
recuperación de los ecosistemas.
