Mientras el excanciller Juan Gabriel Valdés acusó «sabotaje» del gobierno a la candidatura de la expresidenta, parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos pidieron sanciones si se confirma el uso de recursos públicos en gestiones prohibidas.
La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas volvió a encender los ánimos entre oficialismo y oposición, luego de que Cancillería ordenara una investigación contra funcionarios de la embajada de Chile ante la ONU que continúan realizando gestiones en favor de su postulación, pese a que el gobierno de José Antonio Kast retiró el patrocinio oficial el 24 de marzo. El excanciller Juan Gabriel Valdés acusó «sabotaje» por parte del Ejecutivo, señalando que «la insistencia en decir cosas que no son verdad» es preocupante.
Parlamentarios de Chile Vamos y Republicanos respaldaron la investigación y advirtieron sanciones. El diputado UDI Eduardo Cretton señaló que «si se comprueba que hicieron esto dentro de sus funciones laborales, corresponde que den un paso al costado». El senador republicano Arturo Squella calificó como «extremadamente grave» que funcionarios del Estado trabajen contra los intereses del país, y añadió que «si hay recursos públicos de por medio es infinitamente más grave». El senador UDI Javier Macaya indicó que «desconozco los alcances de ese apoyo, si hay inversión de recursos públicos evidentemente hay que investigar».
En tanto, la senadora Beatriz Sánchez (FA) criticó al gobierno: «Hay una torpeza infinita, además una ceguera infinita de no apoyar a la expresidenta Michelle Bachelet, no solamente por lo que significa para Chile, que llegara alguien de su estatura a un puesto tan importante a nivel mundial, sino porque Chile la deja de apoyar y dos gigantes de América Latina la siguen apoyando». La senadora Andrea Balladares (RN) planteó que la candidatura «no partió bien» desde su presentación por el gobierno de Gabriel Boric.
Cancillería instruyó una investigación sumaria para indagar los hechos, luego de que se revelara que funcionarios de la misión diplomática coordinaron reuniones y entregaron información sensible desde sus correos institucionales. El nuevo embajador ante la ONU, Roberto Ampuero, asumirá en mayo y una de sus primeras tareas será ordenar la embajada. La investigación determinará si hubo uso indebido de recursos públicos y funciones del Estado en apoyo a una candidatura que el gobierno decidió no patrocinar.
