La declaración de emergencia preventiva del Gobierno permitirá fortalecer el monitoreo, la coordinación entre servicios públicos y la preparación ante eventuales efectos sanitarios, ambientales y económicos durante la temporada 2026-2027.
La Región de Los Ríos forma parte de las 15 regiones del país comprendidas en la declaración de emergencia preventiva por amenaza de Floraciones Algales Nocivas (FAN), establecida mediante el Decreto Exento N.° 1.420 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La medida estará vigente entre el 1 de noviembre de 2026 y el 30 de junio de 2027.
El objetivo es anticiparse a posibles contingencias mediante el fortalecimiento del monitoreo y la coordinación de los organismos públicos, con el fin de proteger la salud de las personas, resguardar el medioambiente y reducir eventuales impactos en la pesca artesanal y otras actividades económicas vinculadas al mar.
Así lo dio a conocer la Delegada Presidencial, Vicky Carrasco, quien señaló que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast está actuando con anticipación para proteger a las personas y evitar que una eventual contingencia tenga consecuencias mayores.
La autoridad precisó que “Como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, estamos trabajando de manera responsable y anticipada para proteger a las familias de nuestra región, cuidar nuestro medioambiente y resguardar las actividades económicas que dependen del mar. Esta declaración fortalece la coordinación y la preparación de los servicios públicos para actuar oportunamente si las condiciones lo requieren. Nuestro objetivo es prevenir y reducir al mínimo posible las afectaciones humanas, ambientales y económicas» afirmó la representante presidencial en la región.
Las floraciones algales nocivas pueden, dependiendo de sus características, generar toxinas que se acumulan en recursos hidrobiológicos destinados al consumo humano, afectar a organismos marinos y provocar impactos en actividades productivas y comunidades costeras. Sin embargo, la declaración preventiva no significa que exista una emergencia sanitaria confirmada en toda la región ni establece una prohibición general de extracción o consumo de productos del mar.
Las eventuales restricciones se determinarán de acuerdo con los antecedentes técnicos y las resoluciones de las autoridades competentes. Por ello, se recomienda a la ciudadanía informarse a través de los canales oficiales de la Delegación Presidencial, SENAPRED, SERNAPESCA y la autoridad sanitaria, y adquirir pescados y mariscos en establecimientos autorizados.
Respecto a las acciones de monitoreo, el seremi de Salud de Los Ríos, Felipe Bastidas, precisó que “este decreto nos invita a reforzar las medidas de precaución al momento de adquirir productos del mar. Como Autoridad Sanitaria, continuaremos ejecutando el Programa Regional de Vigilancia de Marea Roja para Toxinas Marinas y fortaleceremos las fiscalizaciones en los puntos de extracción, distribución y venta, junto con el control de la trazabilidad de estos productos».
Respecto a los monitoreos efectuados, Bastidas agregó que «Es importante señalar que, de acuerdo con los análisis realizados por el Laboratorio de Salud Pública de nuestra SEREMI de Salud, la Región de Los Ríos actualmente no presenta niveles alterados de toxinas marinas, manteniendo condiciones seguras desde el punto de vista sanitario.
Asimismo, ya hemos iniciado la vigilancia de cianobacterias en distintos cuerpos de agua de la región, cuyos análisis son remitidos a la Autoridad Marítima para apoyar la determinación de habilitación o restricción de playas destinadas al uso recreacional” finalizó.
La medida también contempla reforzar la coordinación entre los organismos públicos y verificar las capacidades de respuesta del sector acuícola ante eventuales contingencias, especialmente en materia de retiro, transporte y disposición final de biomasa mortuoria, con el propósito de prevenir riesgos ambientales y sanitarios.
De esta manera, el Gobierno busca fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta regional, con una coordinación oportuna que permita proteger a las personas, el patrimonio natural y las actividades productivas de Los Ríos.
