La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Paola Oltra Schüler, dirigió la primera sesión del año de la Mesa Intersectorial Carcelaria del Complejo Penitenciario Llancahue, instancia que reunió a las máximas autoridades regionales del sistema de justicia con el propósito de monitorear -específicamente en esta oportunidad- las condiciones de salud mental de las personas privadas de libertad en el recinto penal.
La fiscal Oltra señaló que “esta instancia surge a partir de un acuerdo nacional, que tuvo lugar el año pasado, entre la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública Instituto Nacional de Derechos Humanos y Gendarmería de Chile, con el objetivo generar una instancia de colaboración interinstitucional en el ámbito de la supervisión Carcelaria. Esto, atendido el carácter multifactorial de los problemas que aquejan a los recintos penales del país”.
Agregando que “actualmente la población penal de la cárcel de Valdivia es de 1.632 internos y de acuerdo a las pesquisas del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, hay más de 100 casos de internos que esperan informes del Servicio Médico Legal (SML) respecto de su imputabilidad o inimputabilidad, lo cual representa un grave problema, ya que la falta de servicio del Estado podría vulnerar las garantías constitucionales de estas personas”.
“En este contexto, esperamos que esta instancia aúne las voluntades y buenos oficios de las distintas reparticiones públicas para gestionar con rapidez las problemáticas locales y articular soluciones coordinadas en materias prioritarias tales como: afectación de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad producto de las condiciones de habitabilidad, debilitamiento del régimen carcelario, educación, capacitación para el trabajo, trabajo remunerado, atención de salud, por ejemplo. Otro tema importante a tratar en esta mesa, es la de privación de libertad de grupos vulnerables, en particular personas de la tercera edad, mujeres, minorías sexuales, inmigrantes, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad y pertenecientes a pueblos origínanos”, añadió.
En esta línea, la magistrada agradeció y valoró positivamente el compromiso del seremi de Justicia y DDHH de Los Ríos, Jorge Ríos del Río, respecto de promover la idea de que “con fondos del Gobierno Regional se cree una Unidad Forense, similar a la existente en la jurisdicción de Temuco, que ayudaría a descomprimir la alta demanda de informes al SML”.
“Como Fiscalía Judicial -añadió- nuestro objetivo es articular una red permanente entre los diferentes operadores del sistema carcelario, canalizando las denuncias recibidas, derivándolas a las autoridades que correspondan y hacer seguimiento de las mismas; buscar alianzas con sectores claves, como el sector Salud, que está presente el día de hoy y que nos permitirán incluir al ASA (hospital penitenciario) a las visitas que la autoridad sanitaria realiza periódicamente. Además de realizar un trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Defensoría para optimizar la resolución de horas siquiátricas para internos, sin perder cupos”, sostuvo.
Finalmente, la fiscal Oltra recordó que la Fiscalía Judicial es responsable por ley de la supervigilancia de los recintos penitenciarios bajo su jurisdicción y por lo tanto, de velar por el respecto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en este escenario, el año pasado y en cumplimiento de este mandato legal centraron “el trabajo de la mesa intersectorial en la revisión de las condiciones de salud y habitabilidad de las mujeres privadas de libertad, con especial foco respecto aquellas que tenían lactantes y/o menores bajo su cuidado”, concluyó.
