Proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza concluye su tramitación en el Congreso y queda listo para convertirse en ley
El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto que regula las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas. La iniciativa superó sus últimos trámites legislativos tras ser aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados por la mañana y respaldada horas más tarde por el Senado, donde obtuvo 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Con este hito, el texto quedó en condiciones de ser promulgado por el Ejecutivo.
El diputado por la Región de Los Ríos, Omar Sabat (UDI), valoró el avance legislativo al señalar que elevar estas directrices a rango legal otorga un marco de certidumbre a los funcionarios que intervienen en procedimientos de alto riesgo. Según el parlamentario, la medida constituye una señal de respaldo institucional hacia las policías y el personal militar, especialmente en el contexto del combate al crimen organizado y al narcotráfico.
Principales claves de la regulación:
Marco conceptual y principios: La nueva ley sistematiza los criterios que rigen las intervenciones de la fuerza pública, incorporando de forma explícita los principios de legalidad, necesidad, racionalidad, proporcionalidad y responsabilidad.
Gradualidad en el uso de la fuerza: Define las etapas e intensidades de la intervención policial y militar, regulando los escenarios específicos en los que procede el uso de la fuerza potencialmente letal cuando los medios previos resulten insuficientes.
Cobertura a las Fuerzas Armadas: Las reglas serán aplicables también al personal militar cuando deba cumplir labores de resguardo del orden público bajo las excepciones y condiciones previstas en la Constitución y las leyes.
Coordinación operativa y equipamiento: El parlamentario enfatizó que la entrada en vigencia de este marco legal debe complementarse con la entrega de mejor equipamiento, capacitación constante y herramientas técnicas para el desempeño del personal en terreno.
Con esta aprobación, el nuevo marco normativo busca complementar herramientas previamente despachadas por el Congreso, como la Ley Naín-Retamal, unificando los criterios bajo los cuales el Estado faculta el uso legítimo de la fuerza en procedimientos policiales y de seguridad.
