Jorge Huichal, vocero de los vecinos, afirmó que la medida prejudicial afecta a familias con décadas de residencia. Abogados asesoran a los afectados ante la inminente demanda.
La empresa Agrícola y Forestal Ilihue SpA inició un proceso judicial que podría derivar en el desalojo de más de 50 familias que residen en el sector Ilihue, comuna de Lago Ranco. La medida prejudicial, presentada ante el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, busca que los ocupantes del Lote A del Fundo Ilihue exhiban documentos que acrediten su tenencia o dominio sobre el inmueble, lo que podría ser el preludio de acciones de precario o reivindicación.
Jorge Huichal Medina, vocero de los vecinos afectados, explicó que la empresa compró los terrenos mediante un juicio de partición, pero que la demanda estaría afectando a familias que viven en el sector desde hace décadas. «Esta demanda prejudicial es una antesala para después la empresa demandarnos y hacer la orden de desalojo», señaló Huichal, quien lidera a un grupo de vecinos que buscan asesoría legal para enfrentar el proceso.
Según el dirigente, la situación afecta a aproximadamente 50 familias, algunas de las cuales ya han recibido órdenes de desalojo. «Hay una familia que ya entregó las llaves de su campo y otra tiene que entregar el 30 de septiembre», denunció. Huichal enfatizó que no se trata de una toma ilegal, sino de ocupaciones pacíficas que se remontan a más de 30 años, donde las familias han construido sus viviendas y desarrollado actividades productivas.
El conflicto se agrava por la diferencia entre el terreno que la empresa adquirió y el que pretende recuperar. Según los vecinos, el juicio de partición original solo involucraba el Lote B, pero la empresa estaría extendiendo sus pretensiones al Lote A. «Ellos quieren agarrar el lote A», afirmó Huichal, lo que aumentaría el número de familias afectadas.
Los vecinos se han organizado para enfrentar la situación, sosteniendo reuniones con autoridades como la consejera regional Sarita Jaramillo y los seremis de Bienes Nacionales y Justicia. Además, cuentan con asesoría legal de un abogado de Río Bueno. Huichal expresó su esperanza en una solución positiva, destacando que muchas familias, aunque no tengan títulos de propiedad, pueden acreditar su posesión por más de 30 años.
El Juzgado de Río Bueno ordenó la notificación por avisos a los ocupantes, publicada en el Diario Oficial y en medios electrónicos, fijando una audiencia de exhibición documental. El tribunal autorizó la comparecencia virtual de la demandante. Los vecinos esperan que el proceso judicial reconozca sus derechos y les permita seguir viviendo en el lugar donde han construido sus vidas y sus proyectos familiares.
