La brecha entre el discurso ambiental y la realidad sanitaria que enfrenta
Valdivia es la base del llamado de atención del parlamentario
En una intervención frontal desde la sala de la Cámara de Diputados, el diputado Bernardo
Berger (IND-RN) denunció hoy la incapacidad de las autoridades regionales de resolver la crisis
del vertedero Morrompulli, cuya operación deficiente acumula cinco años de promesas
incumplidas, irregularidades detectadas por Contraloría y riesgos sanitarios crecientes para la
población de Valdivia y los 12 municipios de Los Ríos que dependen de sus servicios.
«El medioambiente no se cuida con eslóganes, se cuida con gestión, con decisiones oportunas y
con respeto por las personas», enfatizó Berger, apuntando directamente al Gobernador Regional
Luis Cuvertino y la Alcaldesa Carla Amtmann, quienes ya cumplen cinco años en sus cargos.
El parlamentario y exalcalde fue incisivo al caracterizar el conflicto como un problema de
prioridades políticas y no como un «problema heredado». Tras “cinco años de autoridades con
poder de decisión y acceso a recursos públicos, la falta de soluciones definitivas” afirma Berger,
“muestra una gestión deficiente que contrasta fuertemente con el discurso de sustentabilidad que
promueven sus autoridades”.
«Mientras se habla de ciudad humedal, de sustentabilidad y protección del medioambiente, lo que
vemos en la práctica es una ciudad basural, donde los residuos se siguen acumulando, las
soluciones estructurales se postergan hasta 2029, y los municipios deben enfrentar alzas de
costos sin una respuesta definitiva», señaló.
Las irregularidades
Las críticas del parlamentario se apoyan en una auditoría de la Contraloría, que documentó que
el vertedero extendió su área de operación en 19,2 hectáreas desde 2014 sin contar con
autorización sanitaria de la Seremi de Salud ni con resolución de Calificación Ambiental, violando
normas vigentes.
Los hallazgos de la entidad fiscalizadora incluyen deficiencias operacionales graves:
funcionamiento fuera de norma de la piscina de lixiviados, manejo deficiente de biogás,
problemas en la canalización de aguas lluvias, falta de mantención de caminos vehiculares y
ausencia de controles en la compactación de celdas. En 2023, estas falencias derivaron en un
deslizamiento de 5.000 toneladas de basura que cubrió 1,5 hectáreas adyacentes.
Por estos incumplimientos, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició procedimientos
sancionatorios contra el municipio de Valdivia, quien respondió con un Plan de Cumplimiento
que, según Contraloría, aún no se ha materializado.
Discurso y realidad
Berger enfatizó la desconexión entre las declaraciones públicas y los hechos concretos. Mientras
autoridades regionales destacan mejoras operacionales desde la llegada de la nueva empresa
operadora, los problemas estructurales persisten y las comunidades continúan enfrentando
riesgos sanitarios y ambientales.
«Los vecinos de Morrompulli y de los sectores aledaños no quieren más discursos ni ceremonias.
Quieren vivir en un entorno digno, seguro y sanitario. No quieren ser una zona de sacrificio en
una región que se presenta como verde, pero que en los hechos sigue acumulando basura y
postergaciones», afirmó el diputado.
Oficio a organismos de fiscalización
Ante la persistencia del problema, Berger solicitó que se oficie a la Contraloría General de la
República, al Ministerio de Salud, al Gobierno Regional de Los Ríos y a la Municipalidad de
Valdivia para que informen con exactitud sobre:
Las condiciones reales de operación del vertedero hoy
Las responsabilidades administrativas frente a las irregularidades detectadas
Las medidas concretas, con plazos verificables, para resolver la situación
«Esto ya no es un problema heredado ni un diagnóstico pendiente. Es un problema de gestión y
de prioridades políticas», cerró Berger su intervención en la Cámara.
El llamado de atención del diputado llega en momentos en que la región enfrenta presiones
financieras crecientes por la disposición de residuos. En diciembre de 2025, el Gobierno Regional
transfirió $3.000 millones a los 12 municipios para subsidiar el 50% de los nuevos costos de
disposición de residuos, una medida que refleja tanto el reconocimiento de la emergencia como
la precariedad fiscal de los municipios locales.
El vertedero recibe más de 400 toneladas diarias de residuos provenientes de toda la región, cifra
que evidencia su relevancia crítica en la gestión regional de residuos, pero también la urgencia
de encontrar soluciones estructurales duraderas.
