El parlamentario manifestó su preocupación por las graves irregularidades detectadas por la Contraloría en el proceso de reunificación familiar de menores haitianos e insistió en investigar hasta las últimas consecuencias las eventuales responsabilidades del Estado.
El diputado Omar Sabat expresó su preocupación tras conocerse los antecedentes revelados por la Contraloría General de la República respecto del ingreso al país de cientos de niños, niñas y adolescentes haitianos bajo la figura de reunificación familiar durante 2025, proceso que actualmente es investigado por distintas instituciones debido a una serie de irregularidades detectadas en los mecanismos de control y seguimiento.
A raíz de estos antecedentes, el parlamentario sostuvo que la principal prioridad debe ser esclarecer el paradero de los menores involucrados y determinar cómo fue posible que se produjeran fallas de control de esta magnitud.
“Los antecedentes conocidos son extremadamente graves y generan una profunda preocupación. Lo primero que debemos esclarecer es dónde están estos niños, quiénes son los responsables de ello y cómo fue posible que se produjeran tantas fallas de control por parte del Estado. Si existieron irregularidades o eventuales delitos vinculados a la trata de menores, estos deben ser investigados hasta las últimas consecuencias”.
Además, el legislador afirmó que: “Aquí el estado tiene la obligación de actuar con máxima urgencia. La fiscalía y las policías deben investigar todos los antecedentes disponibles, pero además el Congreso tiene que ejercer su rol fiscalizador. Por eso respaldamos la creación de una comisión especial investigadora que permita determinar responsabilidades administrativas, políticas y también eventuales responsabilidades penales, además de proponer medidas para que una situación como esta nunca más vuelva a ocurrir en Chile”.
En esa línea, Omar Sabat anunció que respaldará la creación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputadas y Diputados, iniciativa que busca esclarecer el actuar de los distintos organismos públicos que participaron en este proceso y determinar si existieron negligencias, incumplimientos o fallas institucionales que facilitaron estas irregularidades.
Finalmente, el diputado señaló que los antecedentes conocidos hasta ahora ameritan una investigación exhaustiva y transparente, no solo para establecer todas las responsabilidades que correspondan, sino también para esclarecer el paradero de los menores involucrados y garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse en nuestro país.
