La diputada por la región de Los Ríos, Ana María Bravo (PS), presentó un proyecto de ley para tipificar como delito el mantener conversaciones de carácter sexual con menores de 14 años mediante medios tecnológicos, incluso sin intercambio de material explícito. Esto en respuesta al aumento alarmante de casos de acoso sexual digital a menores.
La iniciativa busca actualizar el artículo 366 quáter del Código Penal, que actualmente solo penaliza el ciberacoso o grooming cuando el menor envía contenido sexual, omitiendo el sancionar las conversaciones sexualizadas que fomentan la hipersexualización infantil y aumenta riesgos de abuso sexual.
Sobre la iniciativa, la legisladora afirmó que, “nosotros debemos estar cada día más conscientes de la exposición de niños, niñas y adolescentes a medios tecnológicos. Esa es una realidad. Y también es una realidad que esa exposición puede ser negativa. Detrás de una foto de un niño, niña o adolescente puede estar un adulto que puede dañar mucho a estos niños y niñas especialmente respecto de su sexualidad. Por eso este proyecto de ley propone que se establezca también dentro del grooming y se amplíe no sólo a este intercambio de imágenes, sino que también a conversaciones de carácter sexual que se realicen, que realicen adultos, a niños y niñas menores de 14 años.”
Según el análisis de la Encuesta de Polivictimización de Niños, Niñas y Adolescentes de la Subsecretaria de la Niñez, el 25% de los adolescentes chilenos ha sido contactado con fines sexuales en internet, siendo el 71% adolescentes mujeres han recibido propuestas sexuales en línea. Además el 28% de niñas y adolescentes reportó acoso sexual digital durante 2023, versus un 15% en varones.
«Las cifras muestran que las niñas son las principales víctimas. Esto no es casualidad, responde a patrones culturales que debemos erradicar. Debemos legislar con perspectiva de género y con una mirada preventiva, reconociendo que las niñas son las principales víctimas. La protección de la niñez no puede esperar a que el daño sea irreversible”, concluyó Bravo.
Finalmente aclaró que esto no es solo un avance legal, sino que un imperativo moral, siendo este proyecto un paso firme hacia un entorno digital más seguro, donde la justicia actúe antes de que una conversación se convierta en trauma.
