En el Día del Periodista y al conmemorarse el 69° aniversario de la creación de nuestra orden profesional, el Consejo Regional Los Ríos del Colegio de Periodistas de Chile, se declara en estado de alerta y profunda preocupación ante el grave retroceso democrático que representa el avance legislativo de la llamada “Ley Mordaza”.
El proyecto que modifica los artículos 161-A y 161-B del Código Penal, actualmente en tramitación en el Senado, amenaza la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía, pilares fundamentales de cualquier democracia.
Presentado como una iniciativa para proteger datos de procesos judiciales, este proyecto vulnera el estándar internacional consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que, cuando se trata de hechos de interés público, especialmente si involucran a autoridades o asuntos de Estado, el derecho a informar y a ser informado debe prevalecer, incluso frente a eventuales tensiones con otros derechos, como la honra o la vida privada.
En una sociedad democrática, las autoridades tienen una responsabilidad ineludible ante la ciudadanía y deben estar expuestas al control público, la crítica y la cobertura periodística. Este principio está consagrado en el ordenamiento jurídico chileno, particularmente en la Ley N.º 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información, cuyo artículo 30 protege el derecho a difundir información de interés público.
Ya existe legislación suficiente para sancionar filtraciones indebidas, por lo cual no requiere una nueva norma que castigue a quienes informan con responsabilidad y compromiso ético. Perseguir a quienes cumplen su labor informativa es un retroceso y una amenaza a la vida democrática.
En este importante día para las y los periodistas, no hay nada que celebrar mientras el ejercicio del periodismo sea puesto bajo amenaza penal. Alertamos que se está consolidando un marco legal que desprotege a quienes cumplen el deber de informar y debilita la fiscalización pública de los actos del poder.
Llamamos al Senado de la República a rechazar cualquier disposición que implique criminalizar el ejercicio legítimo del periodismo y a resguardar el principio democrático de acceso a la información, consagrado en la normativa internacional y en nuestra propia institucionalidad.
