Mientras la asociación de radiodifusores alerta por posibles interferencias y competencia desleal ante la reforma a los medios comunitarios, sectores críticos cuestionan la gestión del gremio frente a la pauta publicitaria de cadenas nacionales y el abandono del dial AM.
Los Lagos.— El debate sobre la modificación a la ley que regula la Radiodifusión Comunitaria Ciudadana ha reabierto un profundo e histórico enfrentamiento entre el gremio de las radios comerciales y los defensores de los medios ciudadanos en el país. Las posturas contraponen la necesidad de resguardar el espectro radioeléctrico y la sostenibilidad de las Pymes radiales locales frente a los cuestionamientos por el modelo de negocio y la concentración del mercado publicitario.
La postura de Archi: «Reglas justas y respaldo técnico»
Por un lado, el presidente regional de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) en Los Lagos, Dr. Cristián Labra González, manifestó una «profunda preocupación» ante el proyecto de ley que busca flexibilizar las condiciones operativas de las emisoras comunitarias. Desde el gremio aclararon que el problema no radica en la existencia de los medios ciudadanos ni en su función social, sino en la intención de otorgarles mayores facultades comerciales y modificar sus límites de potencia bajo normativas regulatorias y tributarias distintas a las exigidas al sector privado.
Labra argumentó que la mayoría de las radios locales y provinciales son pequeñas y medianas empresas que generan empleo, pagan impuestos y enfrentan elevados costos operativos. Asimismo, advirtió que el espectro radioeléctrico es un recurso técnico limitado, por lo que aumentar las potencias de transmisión sin estudios serios podría provocar interferencias en concesiones ya vigentes.
Desde ARCHI formularon un llamado al Congreso para enfocar la agenda legislativa en materias que consideran estratégicas, tales como la sostenibilidad de las Pymes del sector, la actualización frente a la transformación digital, la revisión de la inversión publicitaria del Estado y la inclusión de la radiodifusión dentro de la infraestructura crítica para la gestión de emergencias y catástrofes naturales.
Los cuestionamientos: «Obsolescencia comercial y abandono técnico»
Por otro lado, voces críticas al sector privado sostienen que la posición defensiva del gremio obvia factores estructurales de mayor peso en la crisis del dial regional. Quienes cuestionan esta postura argumentan que la verdadera amenaza para la rentabilidad de las emisoras locales no reside en la cobertura acotada de los medios comunitarios, sino en el avance de las grandes cadenas radiales satelitales que captan la mayor parte de la inversión publicitaria en regiones sin generar empleo ni contenido territorial.
Asimismo, los detractores apuntan al rol histórico de las instituciones del sector ante el deterioro y paulatino abandono de las frecuencias de Amplitud Modulada (AM). Señalan una falta de gestión efectiva ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) para facilitar una migración justa de las emisoras AM hacia la Frecuencia Modulada (FM), atribuyendo este escenario a criterios puramente económicos.
En materia regulatoria, los sectores críticos cuestionan las restricciones vigentes impuestas a los medios comunitarios —tales como la prohibición de emitir propaganda electoral y los límites de potencia establecidos en décadas pasadas— sosteniendo que imponer restricciones a la venta de publicidad local condiciona de forma poco razonable la sostenibilidad de proyectos informativos diversos en los territorios.
Un debate en desarrollo
El proyecto normativo continúa su tramitación en el poder legislativo, en un escenario donde conviven la demanda técnica de la radiodifusión tradicional por resguardar la certidumbre jurídica de sus concesiones y la presión de las radios ciudadanas por actualizar las condiciones económicas y territoriales de sus transmisiones.
