Tras casi dos años de trabajo, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (CPPyE) entregó su informe final el 30 de abril de 2025, proponiendo una reestructuración profunda de la política de tierras y la relación entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche. El documento, que busca soluciones a largo plazo para el conflicto en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, recomienda la creación de una Agencia de Reparación, un Tribunal Arbitral y un fondo financiero estimado en US$ 4.000 millones para abordar la demanda de tierras. Además, plantea una ley de reparación integral para todas las víctimas de la violencia en la zona.
La piedra angular de la propuesta de la CPPyE es la creación de un nuevo sistema de reparación de tierras. Este sistema se compondría de tres pilares fundamentales: una «Agencia de Reparación», concebida como un servicio público funcionalmente descentralizado, que administraría el sistema y adquiriría tierras de manera que «evite los conflictos y que se ajuste al derecho y no a vías de hecho»; un «Sistema de Financiamiento» materializado en un «Fondo Financiero» que, según estimaciones de la Comisión, rondaría los US$ 4.000 millones para cubrir la demanda actual y futura; y un «Tribunal Arbitral» autónomo y de composición mixta, con facultades para resolver solicitudes basadas en tierras sin titulación histórica reconocida y mediar en disputas intercomunitarias.
El informe detalla que las tierras para este fin provendrían de predios ofrecidos por particulares a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), propiedades fiscales, terrenos dispuestos por la industria forestal y otras empresas, donaciones y predios inscritos voluntariamente. En casos donde la restitución en tierras no sea viable, la Agencia podría ofrecer «otras formas de reparación», como infraestructura habitacional o productiva, pago de créditos hipotecarios o financiamiento de estudios.
Un cambio estructural en la forma en que el Estado chileno ha abordado el conflicto territorial con el pueblo Mapuche es la principal conclusión y propuesta del informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (CPPyE), cuyo trabajo culminó el pasado 30 de abril de 2025. El documento, fruto de un extenso proceso de diálogo y análisis, identifica la pérdida histórica de tierras mapuche y las limitaciones de los mecanismos de reparación existentes como el núcleo del conflicto.
Diagnóstico crítico del sistema actual
El exhaustivo diagnóstico de la CPPyE revela la insuficiencia de los mecanismos actuales, principalmente los contemplados en la Ley N°19.253. El subsidio del artículo 20 letra a) y la compra directa (artículo 20 letra b) han sido «insuficientes para satisfacer la demanda mapuche», enfrentando trabas administrativas, presupuestarias y normativas. El proceso de compra directa, en particular, ha sido criticado por su discrecionalidad y lentitud, con aplicabilidades que «pueden tardar hasta más de 20 años».
La Comisión estima la demanda de tierras actualmente institucionalizada ante CONADI en 377.334 hectáreas, con un valor aproximado de US$ 3.110 millones, concentrándose el 80% de esta demanda en La Araucanía. A los ritmos actuales, cerrar esta brecha podría tomar entre 80 y 162 años. La demanda potencial futura podría sumar otros US$ 734 millones, elevando la cifra total necesaria a un máximo de US$ 4.000 millones. El informe también critica que la interpretación restrictiva de la normativa por parte de CONADI ha excluido demandas basadas en títulos sin reconocimiento histórico, como los Títulos de Realengo, y que el Registro Público de Tierras Indígenas (RPTI) es deficiente.
Violencia y reparación integral a todas las víctimas
Paralelamente al conflicto territorial, el informe aborda la «realidad persistente» de la violencia en las cuatro regiones desde 1997, que ha afectado gravemente los Derechos Humanos y generado un clima de inseguridad. Entre 2013 y 2024, se registraron 8.926 hechos de violencia, con un promedio de dos incidentes diarios, resultando en 60 fallecidos, 1.468 lesionados y 4.810 bienes destruidos.
Ante este escenario, la CPPyE propone la dictación de una «ley de reparación integral para todas las víctimas de este conflicto, tanto mapuche como no mapuche». Esta ley establecería un sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creando un «órgano de reparación a víctimas de la violencia» con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de ejecutar planes de asistencia, atención y reparación integral, incluyendo indemnizaciones y rehabilitación.
Otras recomendaciones clave
El informe estructura sus recomendaciones en cinco ejes: Justicia y Reconocimiento; Reparación Integral a todas las Víctimas; Tierra y Territorios; Desarrollo Territorial; e Institucionalidad.
En el ámbito de Justicia y Reconocimiento, se incluye el Reconocimiento Constitucional del pueblo Mapuche, el reconocimiento a sus formas propias de organización, la revitalización cultural y lingüística (con la creación de un instituto específico), y la mejora de la representación política.
Respecto al Desarrollo Territorial y Económico, se insta a implementar políticas públicas para impulsar la inversión y superar el «rezago socioeconómico significativo» de las regiones, que presentan ingresos inferiores al promedio nacional y donde más del 55% de los hogares se encuentra en el 40% más vulnerable. Se propone un «plan de reactivación económica», especialmente para Malleco y Arauco, y un «nuevo marco de entendimiento, reparación y cooperación entre las comunidades mapuche y la industria forestal».
En cuanto a la Institucionalidad, se reconoce que CONADI, diseñada hace más de 30 años, tiene una capacidad limitada. Se sugiere un nuevo órgano de alta jerarquía para coordinar la política indígena y una transición institucional donde CONADI continúe operando hasta la implementación del nuevo sistema.
El trabajo de la Comisión
La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento fue creada por Decreto Supremo Nº14, del 21 de junio de 2023, y sesionó por primera vez el 20 de julio de ese año, trabajando «incansablemente, semana a semana» hasta el 30 de abril de 2025. Fue copresidida por el senador Francisco Huenchumilla Jaramillo y contó con Víctor Ramos Muñoz como Secretario Ejecutivo. Realizó 63 sesiones oficiales y 150 audiencias con 503 participantes, incluyendo representantes mapuche, del sector privado, instituciones públicas, víctimas de violencia y académicos. También consideró experiencias internacionales de países como Nueva Zelanda y Canadá.
El informe de la CPPyE concluye que la implementación de estas ambiciosas recomendaciones, que buscan transformar estructuralmente la relación entre el Estado y el pueblo Mapuche, requerirá de «amplios consensos y legitimación» política y social. La materialización de estas propuestas se presenta como un camino fundamental para avanzar hacia una paz y entendimiento duraderos en el sur de Chile, abordando una deuda histórica y las consecuencias de un conflicto prolongado. El siguiente paso recae en el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional para debatir y legislar sobre estas bases.
Integrantes de la Comisión
Según la información proporcionada en los fuentes, los integrantes de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (CPPyE) y sus roles al momento de la elaboración del informe eran los siguientes:
- Gloria Callupe Rain: Trabajadora social, fue académica en la Universidad Santo Tomás y Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad de la Frontera. Actualmente es encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío.
- Nicolás Figari Vial: Abogado, Magíster en Derecho Internacional. Es Director ejecutivo de la Fundación Aitué, fue asesor en la Comisión Asesora de La Araucanía y experto en la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.
- Adolfo Millabur Ñancuil: Dirigente social y político en organizaciones mapuches, con trabajo enfocado en la restitución de derechos del pueblo mapuche y la defensa del borde costero. Ha sido concejal, alcalde de Tirúa por seis períodos, y convencional constituyente.
- Sebastián Naveillán Mebus: Agricultor y Presidente de la Asociación de Agricultores Malleco A.G. desde el año 2019. Participó en la implementación del Plan Cosecha Segura. Es Director de la Multigremial de la Araucanía y director del Consorcio Agrícola del Sur.
- Emilia Nuyado Ancapichún: Diputada de la República por el Distrito 25 de la Región de Los Lagos. Dirigenta con más de 25 años de trayectoria en trabajo social asociado a comités rurales de mujeres y comunidades indígenas, y fue concejala de San Pablo por cuatro periodos consecutivos.
- Víctor Ramos Muñoz: Psicólogo, Máster y Magíster. Fue nombrado por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, para constituir la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, desempeñándose como Secretario Ejecutivo de la Comisión.
- Francisco Huenchumilla Jaramillo: Abogado, académico y senador por la Región de La Araucanía. Fue ex Ministro Secretario General de la Presidencia, ex Subsecretario de Marina, diputado por tres períodos, intendente regional y alcalde de Temuco. Es uno de los Copresidentes de la Comisión. Actualmente es vicepresidente del Senado.
- Alfredo Moreno Charme: Ingeniero civil industrial y MBA. Fue ex Ministro de Obras Públicas, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social y Familia. Es Director y socio fundador de la corporación 3xi y miembro del Advisory Board del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. Es uno de los Copresidentes de la Comisión.
- Carmen Gloria Aravena Acuña: Ingeniera agrónoma y senadora del Partido Republicano de Chile por la Región de La Araucanía. Fue administradora municipal de Traiguén y Directora de la Fundación Chol-Chol de Nueva Imperial.
La Comisión fue un organismo transversal creado para asesorar al presidente de la República de Chile en la construcción de una propuesta de solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La Comisión estuvo apoyada por una Secretaría Ejecutiva radicada en el MINSEGPRES y un Comité de Expertos.
Para entender mejor
- CPPyE (Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento): Instancia creada por el Presidente de la República de Chile con el mandato de asesorar en la búsqueda de una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y proponer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche.
- CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena): Institución pública chilena, creada por la Ley N°19.253 (Ley Indígena) en 1993, encargada de promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas. Entre sus funciones está la administración de los procesos de restitución de tierras.
- Ley N°19.253 (Ley Indígena): Principal cuerpo legal en Chile que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la CONADI. Contiene los mecanismos actuales para la compra y traspaso de tierras a comunidades indígenas (Artículo 20 letras a y b).
- Títulos de Realengo: Títulos de propiedad sobre la tierra que emanaban directamente de la Corona Española durante el período colonial, algunos de los cuales son invocados por comunidades mapuche como base de sus reclamaciones territoriales históricas, pero que han tenido dificultades para su reconocimiento en los procesos de restitución actuales.
- Aplicabilidad (en el contexto de tierras): Se refiere al reconocimiento por parte de CONADI de que una comunidad indígena tiene un derecho o fundamento legal para solicitar la restitución de ciertas tierras, lo que da inicio a un proceso que puede culminar en la compra de dichas tierras por parte del Estado para ser entregadas a la comunidad.
Fuente : paislobo.cl
