– Con el propósito de proteger la infraestructura crítica
regional y garantizar la continuidad de los servicios para la ciudadanía, este viernes se
concretó la primera sesión de la Mesa de Conectividad y Seguridad Pública en la
Región de Los Ríos.
La instancia, desarrollada en la Delegación Presidencial Regional, reunió a autoridades
de Gobierno, policías y representantes de las empresas operadoras agrupadas en
ChileTelcos, con el fin de articular estrategias conjuntas frente al creciente número de
delitos que afectan a las redes de telecomunicaciones.
Durante la jornada, ChileTelcos presentó una radiografía local, donde destacó que,
entre el año 2025 y julio de 2026, la Región de Los Ríos ha registrado 123 eventos de
vandalismo, afectando a cerca del 9% de las antenas del territorio. Lo más crítico es la
sustracción de baterías de respaldo donde 549 unidades han sido robadas en este
periodo, con un promedio de 4,5 baterías sustraídas por cada evento, una cifra de
agresividad delictual que supera el promedio nacional.
Las autoridades detallaron que el 65% de estos ilícitos se ha concentrado en las
comunas de La Unión, Mariquina, Valdivia y Corral, zonas que serán el foco prioritario
de las nuevas acciones de prevención y persecución penal.
La Delegada Presidencial Regional, Vicky Carrasco, enfatizó el enfoque de política
pública y seguridad para abordar esta crisis, destacando que «Como Gobierno,
estamos asumiendo la protección de nuestra infraestructura crítica como una prioridad
de Estado. No permitiremos que bandas organizadas vulneren el derecho de nuestros
vecinos a estar comunicados, especialmente en zonas rurales donde la conectividad
salva vidas. A través de esta mesa intersectorial, intensificaremos la persecución penal
utilizando las herramientas que nos entrega la Ley, la cual tipifica y agrava las penas
por la destrucción de redes de telecomunicaciones. El mensaje es claro: este es un
delito grave y actuaremos con toda la fuerza de la ley».
Por su parte, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Pablo Alvarado,
explicó el impacto operativo de estos delitos, señalando que «Desde el punto de vista
técnico, el robo de bancos de baterías y equipos electrógenos en nuestras estaciones
base afecta directamente la resiliencia de la red. Estas infraestructuras, que actúan
como la columna vertebral de la señal en la región, dependen de este respaldo
energético para seguir funcionando ante cortes de luz. En Los Ríos estamos viendo un
ensañamiento particular, con un promedio de robo por antena superior a la media del
país, lo que incrementa los tiempos de reposición del servicio. A través de SUBTEL,
seguiremos exigiendo a las empresas el cumplimiento de sus planes de contingencia y
la activación de medidas como el roaming de emergencia, pero es vital frenar este
daño en el origen».
Finalmente, las autoridades acordaron establecer un canal de comunicación directo y
periódico con el Ministerio Público, aportando datos georreferenciados de las empresas
para desbaratar no solo a quienes ejecutan el robo, sino a toda la cadena de reducción
y receptación de este equipamiento tecnológico.
