Un grupo de 13 diputados, encabezados por el diputado Daniel Valenzuela (IND-RN), ingresó un oficio ante la Contraloría General de la República solicitando una fiscalización exhaustiva a Codelco, a través de Cochilco, luego de conocerse antecedentes sobre posibles inconsistencias en la contabilización de la producción de cobre durante 2025, particularmente en la División Chuquicamata.
La acción fue respaldada por los diputados RN Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis, Carlos Chandía, Eduardo Durán, René Manuel García, Mauro González, Francisco Orrego, Ximena Ossandón, Rodrigo Ramírez, junto a los parlamentarios republicanos Stephanie Jeldres, Ignacio Urrucullu y Cristián Araya.
En el oficio enviado a la contralora Dorothy Pérez, los parlamentarios advierten que una auditoría interna preliminar habría detectado inconsistencias en el registro de cerca de 20 mil toneladas métricas finas de cobre, las que habrían sido incorporadas como producción terminada durante diciembre de 2025 sin cumplir completamente con las exigencias técnicas y comerciales establecidas por la estatal.
Asimismo, señalan que durante diciembre de 2025 Codelco reportó una producción cercana a las 172 mil toneladas métricas finas, cifra muy superior al promedio mensual del resto del año, que rondaba las 105 mil toneladas. Según los antecedentes recopilados, esto habría permitido exhibir mejores resultados al cierre del ejercicio y eventualmente cumplir metas asociadas a incentivos y bonos.
“Estamos hablando de la principal empresa del Estado y de recursos que pertenecen a todos los chilenos. Por eso, aquí no puede haber dudas ni zonas grises. Lo que corresponde es una investigación profunda, transparente y con total independencia”, sostuvo el diputado Daniel Valenzuela.
El parlamentario agregó que “la clase política durante muchos años ha tratado de fiscalizar Codelco, pero siempre se topa con una muralla. Lo que buscamos es que la Contraloría, a través de Cochilco, pueda revisar que los recursos que llegan al Estado sean efectivamente los que corresponden”.
“Acá hubo una inflación sobre la producción, donde incluso se habrían pagado sobresueldos por más de 14 millones de dólares. La pregunta es quién cometió el error, quiénes son los responsables y qué sanciones van a tener”, añadió.
Finalmente, los diputados solicitaron que, en caso de detectarse eventuales delitos vinculados a alteración de información financiera o fraude, los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para establecer las responsabilidades correspondientes.
