A propósito del Día Internacional de las Personas Mayores, Fundación Derechos Mayores plantea que el país debe dejar de planificar el envejecimiento como un fenómeno futuro. La organización propone incorporar esta transformación demográfica en áreas como empleo, economía, cuidados, actividad física, participación social y gestión municipal, y advierte que el desafío de la nueva Ley Integral será traducir sus principios en políticas y acciones concretas.

Chile alcanzó un punto en su transformación demográfica que obliga a revisar la manera en que el Estado y la sociedad están abordando el envejecimiento. Los últimos resultados del Censo 2024 muestran que 3.665.028 personas tienen 60 años o más, equivalentes al 19,8% de la población residente del país.

Para la Fundación Derechos Mayores, estas cifras obligan a abandonar una lógica que durante décadas situó el envejecimiento principalmente en escenarios futuros y comenzar a incorporarlo como una variable permanente en el diseño de las políticas públicas.

“Durante años hemos dibujado líneas imaginarias en el calendario: 2030, 2040 o 2050. Cada vez que nos acercamos, volvemos a correr la fecha en que supuestamente tendremos que enfrentar el envejecimiento. Tenemos que dejar de hacerlo. Chile ya envejeció y, en muchas áreas, estamos llegando tarde. La pregunta ya no es qué haremos cuando Chile envejezca, sino qué estamos haciendo con el país que ya somos”, señaló Michel Toledo Ortiz, presidente de la Fundación Derechos Mayores.

Una economía que también incorpore el envejecimiento

Uno de los ámbitos que la organización considera necesario revisar es la política económica y laboral.

Los antecedentes derivados del Censo 2024 muestran que aproximadamente un tercio de los hogares del país tiene como jefa o jefe de hogar a una persona mayor. Paralelamente, entre las personas de 65 años o más que continúan trabajando, la tasa de ocupación informal supera el 50%.

Para la Fundación, ambos antecedentes muestran la necesidad de dejar de observar a las personas mayores exclusivamente como destinatarias de pensiones, prestaciones sociales o políticas asistenciales.

“Las personas mayores son también trabajadoras, emprendedoras, consumidoras, cuidadoras y jefas de hogar. Si queremos hablar seriamente de crecimiento y recuperación económica, tenemos que comenzar a preguntarnos qué lugar ocupan las personas mayores en esa estrategia. Una política económica que no incorpore el envejecimiento está dejando fuera una parte importante de la realidad de los hogares chilenos”, sostuvo Toledo.

La organización plantea avanzar hacia una perspectiva de envejecimiento en materias como empleo, capacitación, emprendimiento, acceso a tecnologías y servicios financieros, reconversión laboral y generación de oportunidades para quienes desean continuar participando de la actividad económica.

Integración social y revalorización de las personas mayores

La Fundación sostiene que el cambio demográfico también requiere revisar la forma en que la sociedad comprende la vejez.

El desafío, señala, no consiste únicamente en generar respuestas frente a la dependencia o las necesidades de cuidados, sino también en preservar las capacidades, autonomía y participación de las personas durante todo el curso de vida.

“El desafío no es incorporar a las personas mayores a la sociedad, porque ellas ya forman parte activa de ella. El desafío es evitar que nuestras instituciones, el mercado laboral, las ciudades y nuestras propias comunidades comiencen progresivamente a excluir a las personas a medida que envejecen”, afirmó Toledo.

En este ámbito, la organización plantea fortalecer las políticas de integración social, participación comunitaria, educación permanente, cultura, inclusión digital, relaciones intergeneracionales y prevención del aislamiento social.

Prevenir también significa preservar autonomía

Otro de los cambios que propone la Fundación es ampliar la forma en que se comprende la prevención durante el envejecimiento.

A juicio de la organización, las políticas preventivas no deberían concentrarse únicamente en evitar enfermedades, sino también en mantener la capacidad funcional, los vínculos sociales, la movilidad y la autonomía durante el mayor tiempo posible.

En ese contexto, la Fundación ha venido planteando durante los últimos cinco años la necesidad de avanzar hacia una política nacional de actividad física y deporte con perspectiva de envejecimiento.

“No estamos hablando simplemente de hacer ejercicio. La actividad física y el deporte pueden transformarse en una herramienta de integración social, autonomía y empoderamiento, pero también en una política preventiva frente al aislamiento, el deterioro funcional anticipado y los estereotipos que todavía asocian envejecimiento con incapacidad”, explicó el presidente de la organización.

Desde esta perspectiva, fortalecer la autonomía también puede contribuir a retrasar situaciones de dependencia evitable y complementar el desarrollo de políticas de cuidados de largo plazo.

Cuidados y gobiernos locales

La Fundación plantea además profundizar las políticas de cuidados dirigidas a personas mayores, considerando especialmente el progresivo aumento de personas que viven solas o en hogares constituidos exclusivamente por personas mayores.

Los últimos antecedentes censales muestran que cerca de 600 mil personas mayores viven solas en Chile.

Para la organización, esta realidad obliga a fortalecer los sistemas de detección temprana, acompañamiento, cuidados domiciliarios, participación comunitaria y redes locales de apoyo.

En este escenario, los municipios adquieren un papel especialmente relevante.

“Muchas situaciones de aislamiento, dependencia, pérdida de autonomía o ausencia de redes no se descubren desde una oficina nacional. Se identifican en el barrio, en el consultorio, en las organizaciones sociales y en la comunidad. Por eso los gobiernos locales tienen que transformarse en protagonistas de las políticas de envejecimiento”, señaló Toledo.

El desafío de que la nueva Ley Integral no quede en el papel

La conmemoración de este año se produce además pocos meses después de la publicación de la Ley N.º 21.822, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable.

Para la Fundación Derechos Mayores, la nueva normativa representa una oportunidad para actualizar la respuesta institucional del país frente al envejecimiento, pero advierte que su impacto dependerá de la capacidad del Estado para llevar sus principios a la práctica.

“La Ley Integral es un avance muy importante, pero el peor escenario sería tener una legislación moderna para una sociedad envejecida y continuar aplicando políticas diseñadas para el Chile de hace treinta años. Si la ley no cambia progresivamente la manera en que pensamos la economía, los cuidados, la actividad física, nuestras ciudades, los municipios y la participación social, corremos el riesgo de convertir un avance histórico en letra muerta”, advirtió Toledo.

La organización sostiene que la implementación de la nueva normativa requerirá una mirada transversal, involucrando no solamente a los organismos especializados en personas mayores, sino también a las instituciones responsables de salud, economía, trabajo, vivienda, transportes, educación, desarrollo social y administración territorial.

“No necesitamos seguir esperando el envejecimiento”

En el Día Internacional de las Personas Mayores, la Fundación llamó finalmente a aprovechar la nueva información demográfica y la entrada en vigencia progresiva de la Ley Integral para iniciar una nueva etapa en las políticas de envejecimiento del país.

“No necesitamos más políticas para esperar el envejecimiento. Necesitamos políticas para el Chile que ya envejeció. Y eso significa construir una sociedad que cuide cuando sea necesario, pero que también prevenga, integre, genere oportunidades y permita a las personas conservar su autonomía y seguir participando durante todo el curso de vida”, concluyó Michel Toledo Ortiz